La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó este viernes por fraude a la administración pública a Pablo Federico Anze, el empleado del IPSS (Instituto Provincial de Salud de Salta) que engañaba a los afiliados para que le depositaran dinero en una cuenta personal. Se conoció que el año pasado le exigió 2 mil dólares a la esposa de un paciente que necesitaba un traslado de Santa Fe a Salta.
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La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó este viernes por fraude a la administración pública a Pablo Federico Anze, el empleado del IPSS (Instituto Provincial de Salud de Salta) que engañaba a los afiliados para que le depositaran dinero en una cuenta personal. Se conoció que el año pasado le exigió 2 mil dólares a la esposa de un paciente que necesitaba un traslado de Santa Fe a Salta.
Anze, que está detenido desde el jueves, quedó acusado por 22 hechos de fraude a la administración pública, concusión y falsificación de instrumento público, todo ello en concurso real.
El imputado ocupaba el cargo de Jefe de Derivaciones del IPSS. Desde ese puesto se las ingeniaba para ganarse la simpatía de las víctimas y hacerles creer que él ayudaría a agilizar los trámites y se encargaría de ingresar el dinero en la caja de la obra social para que accedieran más rápido a las prestaciones que necesitaban.
Los afiliados, que en muchos casos estaban en situación de vulnerabilidad por cuadros de salud complicados, accedían al trato en el intento de sortear la burocracia y las demoras que en muchos casos deben afrontar para conseguir los tratamientos o medicamentos que necesitan.
Los investigadores determinaron que en octubre de 2020, Anze exigió a una afiliada 2.000 dólares para que pudieran trasladar en avión sanitario a su marido desde Santa Fe a Salta.
El hombre le manifestó que el IPSS exigía el pago de ese coseguro para prestar el servicio, cuando la obra social no lo requiere, por lo que incurrió en el delito de concusión y falsificación de instrumento público.
Los elementos que se reunieron hasta ahora en la investigación indican que el acusado exigió sin derecho alguno una suma de dinero a la víctima, haciendo entrega en ese acto de una factura falsa.
La fiscalía secuestró el CPU que utilizaba el imputado en las oficinas del IPSS. Además, requirió múltiple información relacionada con las derivaciones. Las maniobras comenzaron a investigarse a raíz de una denuncia de las autoridades de la institución, que es la que mayor número de afiliados tiene en Salta.
Como prueba, Anze entregó en reiterados casos recibos con sellos apócrifos. Todos los papeles eran remitidos, firmados, a la Gerencia de Seguros Sociales, que es el área que debe controlar a ese sector.
El empleado fue detenido el jueves por pedido de Salinas Odorisio durante un allanamiento realizado en su domicilio y ayer concurrió a la audiencia de imputación con su abogado particular pero se abstuvo de declarar.
El 13 de septiembre pasado, las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta radicaron una denuncia en contra del jefe de Derivaciones del IPSS.
A partir de allí, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación que permitió detectar distintas maniobras que realizaba Anze engañando a los afiliados del IPSS, a quienes les sacaba elevadas sumas de dinero, en algunos casos superiores a los $500.000.
Los investigadores del CIF lograron determinar que el hombre, que se desempeñaba como jefe de Derivaciones del Seguro de Salud desde hace un año (aunque trabajaba en el área desde hace cinco), solicitaba a los afiliados dinero en efectivo o a través de depósitos o transferencias bancarias a su cuenta, en concepto de copago o coseguro por el servicio de traslado.
Los Investigadores del CIF pudieron corroborar además que el hombre, desde su oficina ubicada en Mitre 355, gestionaba traslados sanitarios, derivaciones interprovinciales de tipo oncológicas y diversas contraprestaciones de salud de los afiliados, cobrándoles importes en efectivo y mediante transferencias a su Clave Bancaria Uniforme (CBU) personal, haciéndoles entregas de proformas y constancias falsificadas.
Hasta el momento se pudo determinar que 22 personas fueron víctimas de estas maniobras y quedaron registradas en las conversaciones que Anze tenía por WhatsApp con los afiliados a fin de brindarles instrucciones sobre cómo debían proceder.
Al ser descubierto por las autoridades del IPSS, Anze se comunicó con las víctimas e intentó devolverles el dinero, hecho que fue consumado en una sola oportunidad.
En el marco de la investigación, el jueves por la mañana se realizó el allanamiento en la vivienda particular del acusado.