Diputados dio media sanción al proyecto de ley para autorizar por única vez y en forma excepcional, la venta en subasta pública de todos los bienes muebles en desuso, registrables y no registrables, de propiedad del Ejecutivo provincial, organismos autárquicos y sociedades del Estado.
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Diputados dio media sanción al proyecto de ley para autorizar por única vez y en forma excepcional, la venta en subasta pública de todos los bienes muebles en desuso, registrables y no registrables, de propiedad del Ejecutivo provincial, organismos autárquicos y sociedades del Estado.
La iniciativa, que pasó al Senado para revisión, dispone que el 50 por ciento de los fondos se destinarán a otorgar créditos para personas físicas o jurídicas cuyas actividades comerciales, profesionales o de servicios afectadas por la pandemia de la COVID-19.
Con el saldo restante se comprarán vehículos para apuntalar los parques automotores de las área de salud y seguridad de la provincia.
La adopción de esta medida fue justificada por los autores del proyecto en la situación de crisis que atraviesa la Provincia y la reducción de los recursos como consecuencia de la crítica situación económica.
La propuesta para subastar chatarra y bienes del Estado en desuso fue impulsada por los diputados Javier Diez Villa, Laura Cartuccia, Noelia Rigo, Enrique Sansone y Socorro Villamayor, del bloque oficialista Salta Tiene Futuro.
Durante la sesión virtual, el diputado Diez Villa subrayó la necesidad cierta de generar recursos extras a partir de la disposición de muchos bienes que el Estado ya no utiliza, acción sobre la que dijo también sumará a la lucha en contra del dengue.
El diputado, a modo de ejemplo, detalló que en la granja penal de Cerrillos están depositados 600 vehículos, constituyendo un cementerio, porque están abandonados, en situación de chatarra, y la misma foto se repite en muchas otras dependencias.
La ley establece que el Ejecutivo provincial deberá suscribir convenio con el Colegio de Martilleros de Salta para realizar las subastas y determina un porcentaje del 6 % del monto que se obtenga en concepto de honorarios profesionales.