En esta suerte de cruzada nacional sin precedentes que afronta la Argentina en busca de defenderse del avance del coronavirus, el Gobierno, que venía liderado con cierto éxito la misión, trastabilló por primera vez y quedó expuesto a una oleada de críticas.
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En esta suerte de cruzada nacional sin precedentes que afronta la Argentina en busca de defenderse del avance del coronavirus, el Gobierno, que venía liderado con cierto éxito la misión, trastabilló por primera vez y quedó expuesto a una oleada de críticas.
Las caóticas imágenes de este viernes en distintas ciudades del país, con miles de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales encimados, formando largas filas para cobrar sus haberes o subsidios, significaron una voluminosa mácula para la gestión oficial.
El propio presidente Alberto Fernández reconoció que se molestó al ver lo que estaba sucediendo y evaluó que no “cabe ninguna duda” de que “alguien hizo mal las cosas” para que se produjera semejante descontrol.
Y sí, claro que “alguien” cometió un error que no debería volver a producirse: el Gobierno, que no tomó los recaudos necesarios para evitar que tantas personas integrantes, además, de uno de los principales grupos de riesgo del virus COVID-19 terminaran ridículamente expuestas a enfermarse.
Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se disgustaron con Alejandro Vanoli, director de la Anses, y sobre todo con Miguel Pesce, titular del Banco Central, al considerar que “subestimó la situación”.
Hasta ahora, la labor del presidente había cosechado un amplio nivel de aprobación, a partir de su decisión de tomar “‘el toro por las astas” frente a la pandemia.
En momentos en los que el país transita por su tercera semana consecutiva de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el tropiezo del Gobierno con relación a los jubilados y pensionados animó incluso a otros sectores vinculados con la matriz productiva, a elevar su voz de protesta en medio de la cuarentena.
Por ejemplo, emprendedores y comerciantes dijeron que los bancos “ocultan” o “niegan” la existencia de los préstamos a tasa subsidiada del 24 por ciento promovidos por Balcarce 50 para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan pagar sueldos y lidiar con la crisis por el coronavirus.
Desempleo, en alza
Además, pese al decreto 329/2020 del Gobierno que prohíbe por dos meses despidos y suspensiones “sin causa justa o disminución de trabajo y fuerza mayor”, compañías de diversas dimensiones y rubros dejaron cesantes a cientos de empleados, decidieron recortar salarios o pagar los sueldos en cuotas.
Desde grandes automotrices y constructoras hasta pequeñas pymes e importantes firmas que comercializan electrodomésticos dispusieron drásticas medidas contra el personal como respuesta a la parálisis económica.
El Gobierno, que tampoco ha tomado hasta el momento medidas que auxilien financieramente a microempresas o comercios con apenas un puñado de empleados, como pequeñas tiendas que representan un único sostén económico (familiar) para los que allí trabajan, sin dudas debería robustecer su postura frente a las pymes y grandes compañías que no cumplen con el decreto referido a suspensiones y despidos.
La Argentina ya venía transitando por una crisis económica, pero en medio de esta emergencia sanitaria dejar cesantes a trabajadores y/o privarlos de disponer de sus salarios debería ser penado como un acto de crueldad.
Especialistas advierten que esta pandemia generará mayores dificultades para el país, con un aumento de la recesión, de la tasa de desempleo (era del 8,9% en el cuarto trimestre de 2019) y de la pobreza (que afectaba al 35,5% de la población a fines del año pasado, unos 16 millones de personas), entre otras variables.
Un dato que permitirá ilustrar en dónde estaba parada la Argentina antes de la pandemia se conocerá el próximo martes, cuando se conozca el índice de producción industrial manufacturero de febrero pasado relevado por el Indec. La inflación de marzo se divulgará el miércoles 15 de abril.
Ya a partir de mediados del mes pasado, todo comenzó a cambiar en el país. Hasta aquel momento, las prioridades de la administración que lidera Fernández eran económicas; en cambio hoy, el principal objetivo de la Casa Rosada es preservar la salud de los 45 millones de argentinos, más allá de su grosero tropezón con los jubilados en los bancos: que no se repita.