Desde hace siete años que Analía Castro vive una vida muy diferente a la que se planteó a sus 20. Hoy con 34, bajo tratamiento por hipertensión pulmonar severa con una CIA (comunicación inter-auricular) en el corazón, pasa sus días conectada a una mochila de oxígeno.
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Desde hace siete años que Analía Castro vive una vida muy diferente a la que se planteó a sus 20. Hoy con 34, bajo tratamiento por hipertensión pulmonar severa con una CIA (comunicación inter-auricular) en el corazón, pasa sus días conectada a una mochila de oxígeno.
Hasta hace dos años y gracias a una medicación que le dio su médico, Analía había recuperado parte de sus actividades, sin tener que movilizarse con el oxígeno para donde iba. Pero hace seis meses uno de los medicamentos que tomaba, un vasodilador, dejó de llegar.
Desde la obra social del Estado, Incluir Salud, le informaron en aquel momento que el Bosentán no se podía comprar, por lo que solicitó a su médico, Alberto Robledo, que le recete otro vasodilatador.
Pese a que el profesional cumplió con la redacción de toda la papelería correspondiente, desde Incluir Salud no le facilitaron el medicamento, por lo que debe pagar 600 pesos todos los meses para conseguirlo sin cobertura de la obra social.
Hace dos meses, Incluir Salud dejó de suministrarle el Veletri Epoprostenol. Este medicamento era el que le permitía movilizarse sin dificultades respiratorias y tener una mejor calidad de vida.
Frente a esta situación y con dos medicamentos recetados y sin entregar, Analía Castro resolvió recurrir a la Justicia e iniciar un recurso de amparo que le fue concedido.
Aun con una resolución a su favor, Analía no logra que le entreguen sus medicamentos. El viernes 19 de julio, concurrió a la obra social para volver a solicitar este último medicamento, pero desde la recepción de Incluir Salud le contestaron que "Buenos Aires había pasado la orden" de que los comprara la delegación de Salta, pero que no había fondos.
Burocracia
"Me dijeron que no iban a gastar 2 millones de pesos en dos pacientes", recordó la paciente, y alertó que el profesional que lleva su caso le expidió un certificado que dice que, de no recibir estos remedios, corre peligro de muerte.
Cansada de la burocracia, Analía asegura que ya no sabe "a quién recurrir", porque Incluir Salud no resuelve su situación ni aun cuando la Justicia se lo está ordenando.
En busca de una salida, Analía dejó su Tucumán natal luego de que tuviera el diagnóstico de hipertensión pulmonar, cuando sufrió un aborto espontáneo. Así fue que llegó a una fundación privada en Salta, donde los médicos le aseguraron que no le quedaban más de seis meses de vida y que su tratamiento iba a tener un costo de 250 mil pesos por mes. En la búsqueda de otro médico llegó al doctor Alberto Robledo, que hace dos años -luego de un congreso de perfeccionamiento- llegó con la novedad de este medicamento.
Lejos del pronóstico de seis meses de vida, Analía ya cumplió siete años con esta enfermedad a la que parecía haber podido controlar, hasta que los medicamentos dejaron de llegar.
Hoy, uno de los medicamentos de Sandra se paga gracias a la ayuda familiar y a su esposo, que tiene dos empleos.
Sin embargo, no les alcanza para comprar el segundo fármaco, que le permite caminar sin ponerse azul o arriesgarse a perder la vida.