Cinthia Vuistaz es la docente que abrió la olla y develó una cantidad de irregularidades en la Asociación Docente Provincial, que ahora se investigan en la Justicia. Vuistaz formó parte de la primera gestión de Patricia Argañaraz como vocal titular y era la responsable de la oficina de la ADP en Tartagal, pero en noviembre de 2016 fue relegada por la titular del gremio, que además despidió a cinco maestras que trabajaban en el lugar. Entonces hubo atrincheramiento y hasta huelga de hambre, recuerda Vuistaz.
Un año más siguió cumpliendo sus funciones de vocal titular desde otro lugar, lejos de la oficina, cuando empezó a denunciar.
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Cinthia Vuistaz es la docente que abrió la olla y develó una cantidad de irregularidades en la Asociación Docente Provincial, que ahora se investigan en la Justicia. Vuistaz formó parte de la primera gestión de Patricia Argañaraz como vocal titular y era la responsable de la oficina de la ADP en Tartagal, pero en noviembre de 2016 fue relegada por la titular del gremio, que además despidió a cinco maestras que trabajaban en el lugar. Entonces hubo atrincheramiento y hasta huelga de hambre, recuerda Vuistaz.
Un año más siguió cumpliendo sus funciones de vocal titular desde otro lugar, lejos de la oficina, cuando empezó a denunciar.
¿Cuándo empezás a denunciar a Argañaraz?
En 2016 hago la primera denuncia; primero al Ministerio de Trabajo de la Nación, como corresponde porque hay que agotar las vías administrativas. Antes les mandé carta documento pidiendo informes de los balances, no me contestó. Ahí empezamos con la secuencia de impugnaciones, porque cuando se cita a asamblea para aprobación de balance, antes tenés que tener en todas las delegaciones las copias para que los afiliados que quieran lo puedan ver. Nunca pasa eso, los que van y levantan la mano la levantan a ciegas. Así se fueron interponiendo varias presentaciones, pero el Ministerio (órgano contralor) jamás contestó nada. Cuando fueron las elecciones del segundo mandato de Patricia denunciamos artimañas y vicios administrativos, pero jamás nos respondieron. Denunciamos incluso que Patricia Argañaraz además de ser afiliada de ADP había sido afiliada de UPCN y para ser miembro de una comisión directiva y más la secretaria general no podés tener doble afiliación, según nuestro estatuto. Ni podría haber acompañado la comisión de Choque tampoco.
Aparte hicimos múltiples presentaciones en el Ministerio de Educación de Salta y en las oficinas del IPV. Hartos de no tener respuestas y después de las denuncias del hermano de Patricia y la de Barrios es que dijimos “esto ya no da para más” y fuimos a la Fiscalía Segunda del Juzgado Federal en diciembre de 2018, por inacción del Ministerio de Trabajo de la Nación. Consideramos que si se hubiese actuado en tiempo y forma no teníamos el vaciamiento que tenemos hoy en el gremio, ni los escándalos. La denuncia es por enriquecimiento y fraude administrativo, y a la Justicia ordinaria fuimos el 1 de febrero de este año. Esta se adjuntó con la otra y se hizo la bomba por la que me parece empezaron los allanamientos.
Son 280 folios y se adjuntaron las pruebas de todo lo que decía el hermano, quien nos sirve de testigo. El no hizo ninguna denuncia, yo soy la que hago la denuncia.
“Sacándola a Patricia del gremio ya no va a poder manotear plata ajena para cubrir sus deudas del fideicomiso”.
Los allanamientos ¿significan algo?
Es una bocanada de aire que nos dieron desde la Justicia, por lo menos para decir estamos mirando las denuncias. Antes ni siquiera nos miraban. Patricia trajo muchos perjuicios al gremio. Tuvimos un allanamiento, eso significa tener las máquinas en el juzgado, no poder pagar los sueldos, no poder organizar los préstamos y perdimos un cargo de Ctera, de la secretaria de Acción Social, a raíz de las denuncias porque Baradel dijo que la suspendía.
Después de la suspensión de Argañaraz, ¿qué consideran se debería hacer en la ADP?
Lo correcto sería que la comisión directiva llame a una asamblea para tratar la suspensión. Pero nosotros, como afiliados que venimos peleando contra esta comisión, consideramos que el Ministerio de Trabajo de la Nación tendría que dar un gesto a la docencia salteña, intervenir el gremio, hacer una auditoría, saber quién se robó qué cosa, qué es lo que nos está faltando y qué es lo que tenemos, y de ahí en más convocar a elecciones este mismo año. Convocar a asamblea de Junta Electoral y armar todo el proceso.
Fue alarmante para nosotros en el norte enterarnos sobre las cosas que van pasando acá, que el 28 están entregando 20 departamentos del IPV. Ella decidió hace dos años al libre albedrío a quién se los iba a adjudicar, jamás llamó a asamblea, no consultaron a la docencia y ahora el Gobierno, justo en estas instancias, ¿le da un salvataje? Hasta para que ella después salga a decir que son de su fideicomiso... esos departamentos del IPV está entregando a sus amiguitos. Hasta dónde se va a seguir, la primera casa se la autoadjudicó, la llevó a cero y construyó un palacio, dijeron que se la iban a desadjudicar por lo irregular pero ella sigue viviendo ahí. Ahora, ¿le das 20 casas más para que ella y la comisión directiva disponga? Hoy en el fragor de esto, le das un salvataje para que pueda zafar ante la docencia...
“Cuando salió lo del hermano de Patricia y lo de Barrios dijimos ‘esto ya no da para más’ y fuimos a la Justicia”.
Denunciaste que hay un Ministerio de Educación paralelo, pero la ministra Berruezo lo negó categóricamente...
Que ella me explique cómo puede ser que haya una Junta de Calificaciones, donde está todo el recurso humano de la educación pública, los legajos de todos los docentes, que pertenece a Patricia Argañaraz. La Junta es un cuerpo colegiado al que se le venció el mandato el año pasado y no se convocó a elecciones por falta plata. Un miembro nefasto que nosotros sí denunciamos es Alejandra Rolón, que está en la sala A de primaria, ella es la que da el aval a los títulos, la que firma los legajos, que la ministra explique cómo la Junta sigue a cargo de Rolón que es puesta por Argañaraz. La Secretaría Técnica, donde están los cargos docentes. Estos son órganos del gobierno, no es parte del sindicato y está copado por la ADP. Cómo me puede decir la ministra que no hay un Ministerio paralelo.
¿Hay títulos docentes truchos en la provincia?
Sí hay. Ella dice que no son 5 mil los títulos truchos sino 9. Si ella dice que son apenas 9 por qué no llama a esos 9 y aclara la situación, por qué ella pide a toda la docencia que presentemos de nuevo todos nuestros títulos y ratifiquemos que no somos ninguno truchos. Habla de una modernización, tengo que presentarle los papales a mi directora que no sabe distinguir entre un trucho o no, y después ella llevará la carpeta de todo su personal a sus supervisores y estos a Junta, a todos estos corruptos, estamos en la misma. La ministra tendría que dar un paso al costado para que se pueda investigar.