La cesárea practicada a una nena de 12 años embarazada producto de una violación, a quien su familia pretendía que se le aplique la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), fue “maternidad forzada”, dijo hoy la Fundación Huésped, a la par que responsabilizó al Estado jujeño por haber “vulnerado” derechos de la niña.
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La cesárea practicada a una nena de 12 años embarazada producto de una violación, a quien su familia pretendía que se le aplique la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), fue “maternidad forzada”, dijo hoy la Fundación Huésped, a la par que responsabilizó al Estado jujeño por haber “vulnerado” derechos de la niña.
La fundación trabaja por el derecho a la salud sexual y reproductiva con foco en VIH/sida, Hepatitis, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades.
Los derechos de la niña “fueron vulnerados demasiadas veces” aseveró la ONG en un comunicado, porque se trata de una menor de edad de 12 años “sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte, y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado que debía protegerla en busca de ayuda y recibe estas respuestas”.
Huésped recordó que “a pesar de que en nuestro país el aborto es legal por tres causales y en su caso se cumplían dos (había sido violada y tenía riesgo de vida), el Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza”.
La Fundación consideró que la práctica fue “a fuerza” de “profesionales de la salud” que no detectaron el embarazo cuando la niña asistió primeramente al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo‘.
También consideran que hubo ‘intereses políticos‘ y creencias personales ‘por encima de la salud pública y la ley vigente desde 1921‘, en relación al Código Penal argentino que en su articulo 85 establece que el aborto no es punible en caso de violación.
Por su parte, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) repudió “el accionar del Ministerio de Salud y del gobierno de la Provincia de Jujuy” y dijo que “la niña no accedió a su derecho de una interrupción legal” del embarazo, como prevé la legislación argentina.
“Los Estados siguen teniendo deudas con la salud y vida de las mujeres, adolescentes y niñas. Obligar a niñas y adolescentes a parir y a maternar es una tortura. Recordemos que el Art 86. Del Código Penal establece desde el año 1921 que se puede acceder a una interrupción legal del embarazo cuando es producto de una violación. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el fallo F.A.L del año 2012, proclamó que ‘los abortos deben realizarse de forma rápida, accesible y segura’”, expresó Mumalá en un comunicado.