El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta emitió una resolución en la que dispone instruir un sumario administrativo en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de Salta, con el propósito de esclarecer una situación de violencia obstétrica denunciada ante el defensor del Pueblo de la Nación.
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El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta emitió una resolución en la que dispone instruir un sumario administrativo en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de Salta, con el propósito de esclarecer una situación de violencia obstétrica denunciada ante el defensor del Pueblo de la Nación.
La Defensoría del Pueblo nacional intervino debido a los hechos denunciados por una mujer luego del parto de su hija, ocurrido el día 10 de noviembre de 2016, en el HPMI.
La denunciante relató que el 8 de noviembre de 2016 le diagnosticaron que tenía "poco líquido amniótico", la internaron y le dijeron que no tenía dilatación.
"Desde un principio la parturienta se sintió angustiada e intranquila pues no sabía ni era informada de qué pasaba con su bebé, quedando en guardia con goteo de oxitocina para acelerar el parto. Durante el proceso le hicieron tacto muchas veces tanto diferentes médicos como residentes, y a la queja de dolor al ser revisada, le contestaban "te la tenés que aguantar eso es tener hijos', siendo humillada cada vez que manifestaba dolor", difundió la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La mujer informó que pidió que le practicaran una cesárea, por el dolor que padecía y por el riesgo que implicaba la falta de líquido amniótico. Según la denuncia, la respuesta que recibía era "que no pida cesárea" porque no se la iban a hacer. Le decían que "aguante", que iría a parto "sí o sí" y que "es fácil tener hijos por cesárea".
La madre de la denunciante contó que también fue víctima de maltrato y humillaciones como respuesta a sus reclamos, mientras que el padre de la niña nunca tuvo información ni le permitieron acompañarla y "solo mantenía contacto por teléfono celular".
Anestesia
"La cesárea le fue negada sistemáticamente, llevándola hasta un límite insostenible, y ante la insistencia de un residente pasó a cirugía. Pero su terrible experiencia continuó, ya que relata que "el anestesista no sabía poner la peridural'", describió la Defensoría del Pueblo.
La mujer aseguró que tomó conciencia de "la impericia" del anestesista "por los propios murmullos de los presentes". Asegura que la peridural no le hizo efecto, que "sentía y movía las piernas" y que padeció "el dolor del corte" que le hicieron para la intervención.
Cuando se quejó, le ordenaron: "Aguantá porque si no vamos a tener que parar la cesárea y tu hija se va a morir".
Finalmente, la niña nació a las 23.15 y la madre se desmayó durante el alumbramiento. Asimismo, manifestó que lo sucedido le produjo un "estrés postraumático perinatal, provocándole dificultades para amamantar", y que las enfermeras le exigían hacerlo "pese a su dolor físico y emocional".
Dos días después del alta, la mujer tenía fiebre y advirtió que su herida supuraba. "Al ser atendida en el hospital, no la curaron, y simplemente le dijeron que tome un calmante y se lave la herida", dice la denuncia.
El caso llegó hasta la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tomó intervención ante la "evidente situación de trato deshumanizado para con la madre y su hija, que habría puesto en peligro su salud física, emocional y psicológica". La institución difundió que actuó "en el entendimiento de que se trató de violencia obstétrica", y "dictó una resolución poniendo en conocimiento del Ministerio de Salud Pública de Salta, a los fines sumariales y sancionatorios como lo establece la ley N§ 25.929 de parto respetado (ley provincial N§ 8.065)".
La ley nacional 26.485 define la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.
Antecedente
La jueza Noemí Valdez le ordenó a una clínica privada formar a su personal el año pasado, al resolver la denuncia de una mujer que fue madre el 16 de septiembre de 2016. La mujer relató que cursaba la semana 39 de embarazo y ese día fue a un control con su ginecólogo en el sanatorio.
El médico le dijo que el parto sería "en el transcurso de la semana" y, sin pedir su consentimiento ni informarla, le realizó un tacto que le provocó un desprendimiento de membrana, según describe la denuncia.
Luego del control, el ginecólogo le dijo que volviera a su casa, pero antes de llegar rompió bolsa y tuvo que regresar con su marido al centro asistencial.
Al llegar al hospital privado, la acostaron en una camilla y un enfermero le pidió que se desvistiera. Ella quería cambiar de posición porque no estaba cómoda para pujar, pero no la ayudaron.
La cabeza de la bebé ya estaba por salir y no había ningún médico con ella, por lo que su esposo salió a buscar a algún profesional. Justo antes de que la niña naciera, llegó un médico para recibirla, pero el padre no pudo estar presente en ese momento para acompañar a la mujer.
Luego tuvo que esperar a que los médicos decidieran si llevarla a una habitación común, mientras les escuchaba decir frases como "Esta es la del parto" o "¿Qué es eso de andar pariendo en cualquier lado?".
Más tarde le informaron que estaba desgarrada y, a la hora de registrar a su hija, anotaron mal el nombre y el horario de nacimiento.
Capacitación al personal
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) comenzó en noviembre de 2017 a capacitar a los médicos del sector público y privado, tras la denuncia de una paciente que se desgarró cuando tuvo a su hija en un sanatorio.
La jueza de Violencia Familiar y de Género de primera nominación, Noemí Valdez, había ordenado a fines de octubre que un hospital privado aplicara un plan de prevención y formación tras el caso de una mujer que inició una causa porque no tuvo la asistencia y contención necesaria durante el parto.
También exhortó al Ministerio de Salud a “capacitar al personal” del sector público y privado.