"Tengo miedo que la policía me lleve preso por mi enfermedad”, dice Sergio Ramírez (27) que tiene HIV y es coordinador nacional de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), una organización con presencia en todas las provincias y que acompaña a las personas con el virus del Sida.
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"Tengo miedo que la policía me lleve preso por mi enfermedad”, dice Sergio Ramírez (27) que tiene HIV y es coordinador nacional de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), una organización con presencia en todas las provincias y que acompaña a las personas con el virus del Sida.
El joven mendocino se refiere a la reforma del Código Contravencional que la cámara de Diputados de su provincia votará mañana –con media sanción del Senado-, donde su artículo 126 establece hasta 30 días de prisión o el pago de una multa de $3000 para “la persona que transmitiere una enfermedad venérea o contagiosa” y una hospitalización inmediata para hacer los estudios médicos. El Código de Faltas vigente en Mendoza es del año 1965. Por eso, el actual gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, presentó en marzo un nuevo código que, entre sus modificaciones, condena las protestas sociales con 3 días de cárcel y $9500 o 10 días de prisión a los “trapitos” que no tengan autorización legal, entre otras.
Dentro de los artículos rechazados del proyecto que ya cuenta con media sanción del senado provincial, el artículo 126 establece que "La persona que transmitiere enfermedad venérea o contagiosa, será sancionada con multa desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o arresto desde quince (15) días hasta treinta (30) días".
“Mañana vamos a reunirnos con diferentes organizaciones desde las 8 para pedir que no se sancione el Código Contravencional”, adelanta Ramírez sobre la protesta convocada para el comienzo de la sesión parlamentaria. Además, la presidenta de la asociación civil Mujeres Cotidianas, María Laura Chazarreta, presentó hoy una carta en Diputados donde exige la eliminación del artículo 126 porque la ley nacional de sida (23.798) prohíbe los exámenes de VIH compulsivos.
“Para proceder se hace una denuncia o interviene un agente de policía. Luego, se comunica con el juez de faltas para que continúe el proceso contravencional”, le explica a PERFIL Jorge Albarracín, diputado que preside la comisión de Legislación y Asuntos Constitucional.
“Si se llega a un acuerdo amistoso entre las partes, la causa se archiva. Pero si no se puede y se demuestra la responsabilidad del infractor, empiezan las sanciones”, detalla el legislador radical que, ante la pregunta sobre cómo podrían probarse estas faltas al nuevo Código, dice que será competencia del juez que lleve adelante la investigación. En este sentido, Ramírez dice que “la mayoría de los artículos no necesitan pruebas y lo dejan librado a la autoridad que va a labrar la contravención, que es la misma policía que le pide coimas a las trabajadoras sexuales de la provincia”. “Esta legislación solo sirve para criminalizar una enfermedad como el VIH”, sostiene Ramírez que cuenta que en Mendoza hay más de 4000 personas portadoras del virus.
Albarracín no cree que se vaya a criminalizar al VIH, porque “la idea es aplicar la normativa a las personas que, conociendo el problema, contagian a otro”. Sin embargo, no descarta que se produzcan abusos policiales por el artículo 126. Por último, Albarracín adelanta que “si la oposición da el quorum, habrá una sesión larga”. “Pero si logramos quorum propio, el Código estará aprobado en poco tiempo”, afirma el legislador de Cambiemos sobre el Código Contravencional que, si recibe modificaciones, volverá a ser tratado en el Senado.
(Fuente www.perfil.com).