El plan de jubilación compulsiva de unos dos mil empleados estatales marcha sobre ruedas para la Provincia. Hasta ahora 1.045 trabajadores fueron jubilados desde que el Gobierno local inició en diciembre pasado el programa con el que se pretende un ahorro de gastos de alrededor de $500 millones anuales.
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El plan de jubilación compulsiva de unos dos mil empleados estatales marcha sobre ruedas para la Provincia. Hasta ahora 1.045 trabajadores fueron jubilados desde que el Gobierno local inició en diciembre pasado el programa con el que se pretende un ahorro de gastos de alrededor de $500 millones anuales.
Para abril de 2019 esperan cumplir con el objetivo de retirar a los dos mil agentes del Estado provincial, según dijo a El Tribuno la coordinadora de Seguridad Social, Liliana Guitián, a cargo de la implementación de la medida.
La funcionaria detalló que existen 550 empleados que fueron notificados para que inicien sus trámites jubilatorios ante la Anses y todavía no lo hicieron. Otros 365 ya comenzaron sus gestiones en el organismo previsional y 252 mujeres optaron por pedir la prórroga de sus retiros de la planta estatal a los 65 años de edad.
"Nos quedan muy pocos por intimar y los estaremos haciendo a la brevedad", aclaró Guitián.
Hasta el 30 de junio, a los empleados los tentaban para que inicien sus jubilaciones con el pago extraordinario de 10 sueldos básicos (unos $121.000) y la posibilidad de una licencia con goce de haberes en el tiempo que lleve la efectivización del trámite. Terminado el primer semestre, a los agentes en edad de jubilarse solo les queda la segunda opción, siempre y cuando comiencen la gestión antes de los 20 días hábiles desde que los notifican que deben retirarse.
El recorte de personal se implementó para cumplir con las metas fiscales que acordó la Provincia con la Nación.
En el limbo
La ley provincial 8.064, sancionada a fines de 2017, establece que los empleados intimados a jubilarse tienen el plazo de un año para hacerlo. Cumplido ese tiempo, y si es que no concluyeron el trámite, la relación contractual con la Provincia queda automáticamente anulada.
La mayoría de los empleados recibieron sus notificaciones entre diciembre y los primeros meses de este año, por lo que lo más de 500 trabajadores que no comenzaron sus gestiones ante la Anses pueden quedar sin un sueldo a fines de 2018 o comienzo del periodo siguiente.
La normativa se cumple sin contemplaciones, recalcó en ese sentido la coordinadora de Seguridad Social.
Entrar en la pobreza
Juan Arroyo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hizo el cálculo de que un empleado público salteño con un sueldo actual de $20.000, si se jubila, pasará a cobrar la mínima de poco más de $8.000.
"Están obligando a los trabajadores a jubilarse, que no sería malo si se analiza como un derecho laboral, pero en estos tiempos durísimos del país, jubilarse es caer directamente bajo la línea de la pobreza", advirtió el dirigente gremial a este diario.
Aseguró que en muchos casos los flamantes jubilados de la Provincia no llegan a cobrar ni el 50% de sus antiguos sueldos.
El caso de los docentes de escuelas públicas es diferente, aunque de igual manera atraviesan situaciones acuciantes. A ese sector se les reconoce el 82% del último haber que cobran y se les incorpora a sus sueldos todos los conceptos no remunerativos de los dos últimos años de actividad.
"El resto de los trabajadores tienen situaciones particulares, deberían jubilarse con un estimado del 65% de lo que cobran de remunerativo. Como cada persona tiene una historia laboral diferente, algunos trabajaron toda su vida en el Estado u otros tuvieron otras actividades, cada caso es particular", agregó Liliana Guitián.
Jubilados y contratados
El viernes pasado se informó en el Boletín Oficial de la Provincia que se aceptaban las renuncias del secretario de Recursos Hídricos, Oscar Jorge Dean, y su par de Finanzas, Luis Costa Lamberto, porque habían accedido a sus correspondientes jubilaciones.
Tres días después, el lunes, el Boletín volvió a dar noticias de los dos funcionarios, a los que se los volvió a reincorporar a los cargos que habían renunciado.
La coordinadora de Seguridad Social, Liliana Guitián, explicó que se cumplió con los procedimientos de la ley provincial 8.064 y los dos funcionarios fueron intimados a jubilarse.
“Luego, cómo se los contrató y cuál es el criterio no corresponde a mi oficina. La instrucción que tiene mi Subsecretaría es que a todos los trabajadores que hayan cumplido los requisitos, sin excepción, se los notifique e inicien los trámites jubilatorios”, dijo.
“Ellos se jubilaron, percibieron sus beneficios y presentaron la renuncia, como corresponde”, agregó.