Recientemente, el Gobierno salteño, por decreto, creó una Agencia de Protección Ambiental y amplió la superficie de Áreas Protegidas. La Agencia funcionará en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Anteponer el medio ambiente sobre el desarrollo sustentable es poner en evidencia una significativa prescindencia del concepto de "desarrollo sustentable". La Agencia es absolutamente extemporánea, y esto se evidencia en la Ley 7070 (año 2000) y la 7543 (2008). En realidad, esta decisión posterga o enmascara la verdadera discusión que se debe dar en la Argentina y más aún en Salta respecto del ordenamiento territorial. El primer dato es que hace una década no había espacio para la discusión y los gobiernos provinciales no defendieron enérgicamente sus derechos, Salta es un ejemplo y basta leer las crónicas de entonces para recordar el impacto negativo que tuvo la "obsecuencia" de acompañar discursos (y normas) ambientalistas casi mesiánicas y cuanto menos populistas y que pusieron freno al desarrollo. No solo el Gobierno esquivó ese debate, también las entidades están perdiendo la oportunidad de propiciar la agenda que más nos urge, que sin dudas es de la producción, la agroindustria y la generación de empleo; y todo esto, en un momento en que el Gobierno nacional ha tendido con el campo canales de diálogo como no lo tuvo en décadas. El eje de la discusión debe ser el proyecto de país que nos va a sacar de la condición actual.
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Recientemente, el Gobierno salteño, por decreto, creó una Agencia de Protección Ambiental y amplió la superficie de Áreas Protegidas. La Agencia funcionará en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Anteponer el medio ambiente sobre el desarrollo sustentable es poner en evidencia una significativa prescindencia del concepto de "desarrollo sustentable". La Agencia es absolutamente extemporánea, y esto se evidencia en la Ley 7070 (año 2000) y la 7543 (2008). En realidad, esta decisión posterga o enmascara la verdadera discusión que se debe dar en la Argentina y más aún en Salta respecto del ordenamiento territorial. El primer dato es que hace una década no había espacio para la discusión y los gobiernos provinciales no defendieron enérgicamente sus derechos, Salta es un ejemplo y basta leer las crónicas de entonces para recordar el impacto negativo que tuvo la "obsecuencia" de acompañar discursos (y normas) ambientalistas casi mesiánicas y cuanto menos populistas y que pusieron freno al desarrollo. No solo el Gobierno esquivó ese debate, también las entidades están perdiendo la oportunidad de propiciar la agenda que más nos urge, que sin dudas es de la producción, la agroindustria y la generación de empleo; y todo esto, en un momento en que el Gobierno nacional ha tendido con el campo canales de diálogo como no lo tuvo en décadas. El eje de la discusión debe ser el proyecto de país que nos va a sacar de la condición actual.
En el escenario mundial e inmersos en la globalización del siglo XXI no podemos confundir nuestro rol, nuestras fortalezas y de allí nuestras oportunidades y el trabajo que debemos abordar. Sin perjuicio que nuestras riquezas dan enormes oportunidades para la industria metalúrgica, la minería, el turismo, y muchas otras actividades, solo hay una que el mundo demanda y necesita de nosotros, ahora y mucho más en el futuro, la productora de alimentos. Solo seremos potencia detrás de nuestra condición de productores de alimentos; de la agroindustria, porque somos un país agropecuario. El punto que tiene que entender el Gobierno nacional y más aún el provincial es que debemos actuar en consecuencia y anteponer esa identidad a todas las decisiones que se tomen en términos económicos y ambientales. Sería más propicio hablar de Desarrollo Rural Sustentable.
El ordenamiento territorial es mucho más complejo que pintar de verde, amarillo y rojo el mapa de la provincia.
Hoy, mientras se declaman medidas de protección ambiental, siguen absolutamente relegadas todas las demás: económicas (productivistas), fiscales, de generación de mercados y sanitarias fundamentalmente. Pero también hacen al desarrollo rural sustentable, políticas públicas de descentralización, gobierno y administración local, menos burocracia, incorporación de tecnologías en los procesos productivos y en la administración pública. Todo ello sin profundizar más en viejas deudas de la política.
Desde esta latitud del país estamos obligados a reclamar para lograr el anhelado desarrollo, más federalismo. En oportunidad de representar al NOA en el consejo de Administración del Senasa, desde hace muchos años, pude reconocer el desconocimiento por parte de los niveles centrales de todo cuanto sucede a más de 1.400 km de las sedes de los ministerios y los organismos descentralizado del Gobierno nacional. El federalismo solo puede ser plasmado y logrado con intérpretes locales que con conocimiento técnico y político de nuestra realidad lleven la discusión en forma inclaudicable. La deuda federal plantea cuestiones constitucionales muy complejas, pero entre ellas vale mencionar: reforma fiscal, regímenes de promoción, compensaciones y demás herramientas que brinden oportunidades de bienestar para todos los argentinos por igual, no importa donde se encuentren.
Es de esperar que la revisión del ordenamiento territorial tenga a todos los actores involucrados en debate; que se equilibre entre la preservación de los recursos como el desarrollo de la actividad agropecuaria y agroalimentaria; que se fiscalice; que se sancione a quienes no cumplen con los acuerdos y las normas. Pero las normas deben guardar relación con lo probable y alcanzable en forma progresiva y de aplicación universal.
Pero lo que más espero de estas normas es que sean las que antecedan a un flujo mayor (en cantidad y calidad) de normas que tengan como socios a los ministerios nacionales de Agroindustria, de Producción y de Ciencia y Tecnología. Espero se nos convoque a los técnicos, a los productores, a la dirigencia gremial, a los líderes sociales, ONG y demás expertos para debatir y llevar adelante un desarrollo rural sustentable para Salta y el norte argentino. Si esta iniciativa del Gobierno continúa con el resto de la agenda que demanda la sociedad, para generar trabajo y bienestar a toda la población, la rural y la urbana, puedo vislumbrar luz al final del túnel.