El planteo fue realizado ante el Juzgado de Garantías 1, el que ahora deberá resolver si dispone o no la prisión preventiva del ex legislador, a quien se le imputó de “privación ilegítima de la libertad agravada y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda”, y le podría caber una pena que va de 10 a 45 años de prisión según señaló el fiscal penal Federoco Jovanovics.
inicia sesión o regístrate.
El planteo fue realizado ante el Juzgado de Garantías 1, el que ahora deberá resolver si dispone o no la prisión preventiva del ex legislador, a quien se le imputó de “privación ilegítima de la libertad agravada y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda”, y le podría caber una pena que va de 10 a 45 años de prisión según señaló el fiscal penal Federoco Jovanovics.
La investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos gira en torno a un hecho ocurrido el 26 de octubre en la empresa Nutribras SA, emplazada en el Parque Industrial de General Güemes. Por este hecho, también fueron imputados Ariel Fernando Arias, Juan Daniel Lujan, Víctor Uncos y los hermanos Claudio Federico y Cristian Ariel Romano, éstos dos últimos se encuentran detenidos tras su imputación penal.
Lo mismo sucede con Singh, quien fue detenido el martes pasado, tras un pedido de detención y desafuero realizado por la Fiscalía que fue resuelto afirmativamente por la Cámara de Diputados de la Provincia.
Los delitos imputados surgen, según la fiscalía, de un ilícito denunciado por el sereno de la empresa Nutribras SA, dedicada al proceso de envasado de porotos, quien reveló que el asalto fue cometido por un grupo de sujetos entre los cuales identificó a Jonathan Diez, proveedor de porotos de la empresa, quien ingresó al predio bajo amenaza de los imputados.
Al respecto, Diez denunció que fue privado de su libertad y obligado a presentarse con los acusados en la empresa a fin de que los mismos puedan concretar el ilícito, hecho que fue cometido con el uso de arma de fuego.
El robo respondería a una disputa por el cobro de cheques entre la empresa y el diputado Singh, cuya participación en los hechos quedó probada por las filmaciones registradas por las distintas cámaras de video vigilancia que posee la empresa.
En su pedido de prisión preventiva, el fiscal sostuvo que en el marco de la causa penal existen suficientes elementos de pruebas, entre ellos informes policiales; filmaciones, secuestros y declaraciones testimoniales. Indicó que dichas pruebas “resultan elementos de convicción suficientes para sostener que el acusado es probablemente autor penalmente responsable del delito de “privación ilegitima de la libertad agravada y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda”.
Los fundamentos del pedido de prisión preventiva
Para el fiscal, “de los hechos antes mencionados surgen motivos para sospechar que el sindicado ha participado en la comisión del delito por el cual fue imputado y siendo la pena en expectativa efectivamente cumplida en caso de veredicto condenatorio, siendo una pena en su mínimo de diez (10) años y en su máximo por la regla general del concurso real de delitos en cuarenta y cinco (45) años de prisión, y que dichos objetivos no se frustren por la posible fuga, solicito se confiera esta medida cautelar”.
Asimismo, destacó que “el causante al haber sido desaforado y suspendido en su calidad de diputado provincial, aumenta el peligro de fuga del mismo puesto que ya no cuenta con inmunidad legislativa y de esta forma posibilita a que el mismo cumpla con la pena privativa de la libertad que prevén estos tipos de delitos.”.
“A su vez, cabe tener en cuenta el comportamiento y la peligrosidad de los causantes, que de acuerdo a lo captado por las cámaras de seguridad, ya que ingresaron al establecimiento con un arma de fuego y redujeron al sereno, de manera violenta.”.
“Además y según el registro de las filmaciones y las constancias de la causa, Singh debió organizar el despliegue delictivo previamente, para así poder disponer de personal y de varios vehículos de su propiedad, camiones, camionetas autoelevadores (uno de ellos incluso abandonado por problemas técnicos en la estación de servicio El Jagüel de Güemes).”.
Para Jovanovics “esta conducta demuestra que puede utilizar la misma estructura y organización para destruir, modificar, ocultar y suprimir elementos de prueba; como así también intimidar o influir para que los testigos se comporten de manera desleal o reticentes y de esta forma obstaculizar la averiguación de la verdad”.
Entorpecimiento
Por otra parte, el fiscal señaló prueba respecto al accionar ya desplegado por parte de Singh tendientes a “afectar” el desarrollo de la investigación. En tal sentido, sostuvo que el 29 de octubre, tres días después del hecho, “el dueño de la empresa Nnutribras recibió un llamado de Singh, quien le expresó que le va a devolver todas las maquinarias; pidió disculpas, manifestó que no lo haga público y le dijo que declare en la fiscalía, que le iba a mandar un formato de declaración, que le dijo que lo iba a mandar a firmar por un escribano. Y que en tanto el dicente declare esoà”.
En contrapartida, Singh “iba a colaborar con la devolución de las maquinas”. La declaración que el ex diputado ofreció al propietario de Nutribras SA “básicamente contenía que la empresa Nutribras mantenía una deuda con Kuldeep Singh, y que Jonathan Diez proveedor y comisionista de la empresa ofreció hacerle entrega de herramientas maquinarias y mercadería. Por ese motivo es que Singh, con camiones de la empresa Kuvefa, se apersonó a retirar la mercadería”.
Al respecto, el fiscal indicó que se sumó al legajo pruebas de mensajes a través de la aplicación de Whatsapp de las conversaciones en donde se refleja lo que mencionó el dueño de la firma afectada. “Claramente lo relatado previamente constituye un intento de desviar el curso normal de la investigación, intentando que el damnificado modifique su versión de los hechos, a cambio de ser indemnizado con la devolución de los bienes, faltando a la verdad y declarando una versión guionada por el propio Singh, que debería presentar por escrito la víctima y certificada por un escribano, para evitar la comparecencia personal del testigo, y las preguntas de la Fiscalía.”.
“Además de presionar al testigo, Singh también anticipo esta estrategia en los medios de comunicación, dando una entrevista donde sostuvo esta misma versión que impuso al dueño de Nutribras. Todo ello suma al despliegue de poder e influencia del ex diputado, puestos al servicio de burlar el accionar legitimo de la Justicia.”.
En vista de estos elementos y la necesidad de que el imputado comparezca a todas las diligencias del proceso penal en curso, el fiscal solicitó se disponga la prisión preventiva del ex diputado a fin de garantizar la conclusión de la investigación penal y su posterior juicio.
Sin privilegios
Para el caso de que el juzgado acceda al pedido de prisión preventiva, el fiscal señaló ciertas consideraciones. “Para que la medida cautelar sea eficaz y atento a los intentos, que constan en la causa, realizados por Singh de entorpecer la averiguación de la verdad, usando su posición política y económica, intimidando a testigos; la prisión preventiva sea efectivizada en el marco de seguridad adecuada”.
Agregó que es necesario que “se tomen todos los recaudos sobre las estrictas medidas de seguridad que el presente hecho demanda y el acusado no acceda a visitas indiscriminadas, ni al uso de telefonía celular, entre otros beneficios, que no se podrán controlar fuera del ámbito del Servicio Penitenciario.”.
Al respecto, afirmó que el alojamiento de Singh en ámbitos policiales, como así también disponer su “arresto domiciliario” tornarían “ineficaz la medida cautelar teniendo en cuenta los antecedentes y riesgos concretos de esta causa penal.”, concluyó.