La Cámara de Diputados otorgó anoche media sanción al proyecto que impulsa la adhesión de la Provincia de Salta a la ley nacional 27.447 de trasplante de órganos, tejidos y células, socialmente conocida como "ley Justina".
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La Cámara de Diputados otorgó anoche media sanción al proyecto que impulsa la adhesión de la Provincia de Salta a la ley nacional 27.447 de trasplante de órganos, tejidos y células, socialmente conocida como "ley Justina".
Con este nuevo cuerpo normativo se derogó la ley nacional 24.193, superando la concepción de donante presunto, la cual no se logró aplicar en los hechos, reduciéndose a contemplar como donante a quien se encontraba inscripto.
La iniciativa fue presentada en la Cámara Baja por los diputados Guillermo Martinelli, Bettina Romero y Silvia Varg, del bloque Un Cambio para Salta.
En función de lo que dispone el artículo 69 de la nueva ley nacional, se establecerá un procedimiento judicial especial. La ley de adhesión, que fue fundamentada por el diputado Martinelli, obtuvo apoyo unánime del cuerpo.
Enfermedad renal
Por otra parte, la Cámara Baja sancionó la ley para establecer la obligación de comunicar a la cartera de Salud casos de enfermedad renal crónica en la población adulta.
Detectar de manera precoz la enfermedad renal y sus factores de riesgo son las principales finalidades de la ley que ahora pasó al Ejecutivo para la promulgación.
Centro de rehabilitación
La Cámara Baja también dio anoche media sanción al proyecto de ley que crea en el ámbito del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, un Centro de Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad Visual mayores de 16 años.
El objetivo es brindar contención, atención y capacitación a las personas con dicha condición.
Tendrá como principios básicos respetar las necesidades de los beneficiarios, para lo cual se harán planificaciones acordes a la edad y requerimientos de las personas con discapacidad visual. Además, garantizará la capacitación del equipo interdisciplinario a cargo del servicio.
Responde a una iniciativa de la Fundación Salteña de Ciegos para dar solución a la problemática concreta de una franja importante de nuestra población, se fundamentó.
Cumplir con el mandato constitucional derivado de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad que obliga al Estado argentino a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, es otro objeto que se señaló.