Hace una semana, los diputados sancionaron una ley que ordena prorrogar hasta diciembre la suspensión de ejecuciones y amparos que puedan derivar en desalojos a pequeños productores rurales de Salta.
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Hace una semana, los diputados sancionaron una ley que ordena prorrogar hasta diciembre la suspensión de ejecuciones y amparos que puedan derivar en desalojos a pequeños productores rurales de Salta.
Antes, los mismos diputados habían establecido ese plazo en tres años, pero los senadores lo acotaron hasta diciembre. El oficialismo, en revisión, votó en masa, aunque algunos pocos se opusieron, lo mismo que los del Partido Obrero. Salta nos Une adoptó una posición explícitamente crítica.
El problema muestra varias aristas. El texto coloca en idéntica situación a comunidades radicadas en tierras fiscales, a las que están en tierras privadas desde hace más de una década y a los grupos denunciados penalmente por usurpar fincas en producción, en la zona de los valles, en nombre de derechos calchaquíes no verificados y probablemente fraudulentos. (Algunos pretendidos calchaquíes tendrían apellido alemán)
Un tratamiento contradictorio
Fue un "desaguisado". La ley originaria lleva siete años y los supuestos derechos de los campesinos siguen en una nebulosa. Supuestos, porque los legisladores tuvieron tiempo de sobra para decidir si son o no son dueños de las tierras, pero no lo hicieron. Ellos están para consagrar derechos, pero para hacerlo hace falta criterio. El Código nacional es claro: el artículo 1898 se refiere a "la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe (que) se produce sobre inmuebles por la posesión durante diez años". Y el artículo 1899 habla de "la prescripción adquisitiva larga. Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de veinte años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión". ¿Cuántos de los diputados y senadores ya estaban en política hace veinte años? ¿No es demasiada parsimonia? El presidente del bloque Salta nos une, Carlos Zapata, fundamentó su oposición y la ausencia de su bancada. Consideró que "la Legislatura incurre en un exceso inaceptable" al avanzar sobre los poderes Ejecutivo y Judicial. Al suspender la ejecución de sentencias y de amparos, dice, interfiere en las atribuciones de los jueces; y al crear una comisión de seguimiento del cumplimiento de la Ley por parte del Ejecutivo, se entromete con un control anti institucional. "Para sancionar una ley se requiere un estudio y las leyes sobre tablas son una forma de forzar la sanción con poco estudio" sintetizó Zapata.
El debate en la Cámara Baja
El informe de la Cámara Baja sobre el debate describe la situación de emergencia permanente en que vive el interior provincial. El diputado Lucas Godoy se refirió a la ley (con siete años de morosidad) como un “ejemplo para el país”, ya que busca defender a familias rurales y pequeños productores agropecuarios, “evitando que un multimillonario de cualquier parte del mundo compre tierras de nuestra región sin importarle las personas que viven allí”. No queda claro si tales multimillonarios comprarían los lotes a los ocupantes o a sus legítimos dueños. Tampoco, qué tendría de malo que una familia campesina vendiera su tierra, ¿o no es su tierra? Godoy fue muy explícito: “Algunos dicen que con la ley no fomentamos inversiones, pero esta norma se va a encargar de que la pobreza en las áreas rurales de Salta no crezca”, manifestó el legislador. Crecer, viene creciendo. Y sería bueno que retroceda.
Por su parte, el diputado Ramón Villa, autor de la ley, fue escéptico: “Ojalá en estos seis meses se solucionen los problemas de los pequeños poseedores reglamentando y aplicando lo que dice la ley, pero lamentablemente tengo que ser realista y la ley va a cumplir siete años sin aplicarse y nada se ha mejorado hasta hoy”. El radical Humberto Vázquez dijo que le parece “un chiste”. Pedro Sández, de larga experiencia en la materia, sorprendió: “No teníamos otra medida para asegurar el bienestar de estas personas que durante varios años han sufrido atropellos por parte de diferentes autoridades cuyo único fin es despojarlos de sus tierras”.