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Piden perpetua y condenas efectivas para los imputados

Martes, 19 de noviembre de 2013 01:52

Ayer concluyeron los alegatos de los querellantes en el juicio por la megacausa de la UNSa con el pedido de drásticas condenas para los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia a partir de 1975. Para graficar el contexto en que se desarrollaron los hechos, el querellante David Leiva dio por probado que los secuestros, la desaparición y los asesinatos de las personas que fueron materia de debate en este prolongado juicio formaron parte del plan sistemático de eliminación de quienes no comulgaban con el Gobierno de facto. Dijo que para lograr ese cometido, las fuerzas de seguridad actuaron en forma coordinada para lograr impunidad. Puso como ejemplo los casos del matrimonio Gamboa, secuestrado cerca del domicilio del jefe de infantería de la Policía local (24/09/76); del gremialista Jorge Santillán, secuestrado a poca distancia de la comisaría de General Mosconi (10/08/76); del adolescente Martín Cobos, asesinado a pocas cuadras de la Seccional Quinta (24/09/76). Destacó que con el mismo grado de impunidad se consumó la desaparición de Víctor Brizzi, cuyos rastros se perdieron cuando cumplía el servicio militar en la Guarnición Ejército Salta, el 8 de marzo de 1976. Con el mismo énfasis el representante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia dio por probada la participación del único civil, Juan Manuel Ovalle, en el secuestro y desaparición de la profesora de la Universidad Nacional de Salta Silvia Aramayo. Leiva pidió perpetua y prisión efectiva para el exjefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, para el exjefe de Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, para el exsubjefe de esa unidad militar Joaquín Cornejo Aleman, para los exjefes de la Policía de la Provincia Miguel Gentil y Virtom Mendía y para el exdirector de Seguridad de esta fuerza, Joaquín Guil. También solicitó 6 años de prisión para Fernando Chaín, Marcelo Gatto y Ricardo de la Vega, imputa dos por el caso Brizzi.

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Ayer concluyeron los alegatos de los querellantes en el juicio por la megacausa de la UNSa con el pedido de drásticas condenas para los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia a partir de 1975. Para graficar el contexto en que se desarrollaron los hechos, el querellante David Leiva dio por probado que los secuestros, la desaparición y los asesinatos de las personas que fueron materia de debate en este prolongado juicio formaron parte del plan sistemático de eliminación de quienes no comulgaban con el Gobierno de facto. Dijo que para lograr ese cometido, las fuerzas de seguridad actuaron en forma coordinada para lograr impunidad. Puso como ejemplo los casos del matrimonio Gamboa, secuestrado cerca del domicilio del jefe de infantería de la Policía local (24/09/76); del gremialista Jorge Santillán, secuestrado a poca distancia de la comisaría de General Mosconi (10/08/76); del adolescente Martín Cobos, asesinado a pocas cuadras de la Seccional Quinta (24/09/76). Destacó que con el mismo grado de impunidad se consumó la desaparición de Víctor Brizzi, cuyos rastros se perdieron cuando cumplía el servicio militar en la Guarnición Ejército Salta, el 8 de marzo de 1976. Con el mismo énfasis el representante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia dio por probada la participación del único civil, Juan Manuel Ovalle, en el secuestro y desaparición de la profesora de la Universidad Nacional de Salta Silvia Aramayo. Leiva pidió perpetua y prisión efectiva para el exjefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, para el exjefe de Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, para el exsubjefe de esa unidad militar Joaquín Cornejo Aleman, para los exjefes de la Policía de la Provincia Miguel Gentil y Virtom Mendía y para el exdirector de Seguridad de esta fuerza, Joaquín Guil. También solicitó 6 años de prisión para Fernando Chaín, Marcelo Gatto y Ricardo de la Vega, imputa dos por el caso Brizzi.

Para sustentar una prueba se colocó una capucha

La nota de color la dio el abogado David Leiva en el momento en que justificaba la participación de Juan Manuel Ovalle en el secuestro y desaparición de la profesora Silvia Aramayo. La docente fue sacada de su domicilio por un grupo armado que ingresó con el rostro cubierto. Brunilda Rojas, madre de Aramayo, dijo que reconoció a Ovalle por la voz. Para convencer al Tribunal que los dichos de la mujer son ciertos, el querellante se colocó una capucha y dirigiéndose a los jueces dijo: “Después de más de un año de debate ustedes tienen registrada mi voz y en cualquier circunstancia van a saber que soy yo así me cubra rostro”. El letrado sostuvo que Ovalle concurría asiduamente a la vivienda porque mantenía una relación amorosa con Silvia. “Este detalle es importante para asegurar con grado de certeza que la señora dijo la verdad”, expresó.

La responsabilidad de los imputados

Gastón Casabella, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo una pormenorizada valoración de las pruebas para justificar los pedido de condenas en los caso de Brizzi, Aramayo, del periodista Luciano Jaime, de Héctor Gamboa y su esposa Gemma Arcieri y de la masacre de Rosario de Lerma. El querellante dio por probada con grado de certeza la responsabilidad de cada uno de los imputados. “El contexto nos indica que los crímenes no se ejecutaron en un marco de guerra y que todo fue obra del terrorismo de Estado”, expresó. Casabella responsabilizó del avance del aparato represivo a la inacción de la Justicia Federal. Al referirse al caso Jaime, dijo que Gentil y Guil fueron los que planificaron la ejecución del periodista del diario El Intransigente, cuyo cadáver apareció dinamitado en El Encón Chico, en Rosario de Lerma, el 12 de febrero de 1975. “Lo mataron por su profesión y por su militancia política”, afirmó. De igual forma sostuvo que quedó probada la participación de estos dos imputados en la ejecución de cuatro militantes del Frente Revolucionario Peronista, en ese departamento del Valle de Lerma. Alfredo Matioli, Ricardo Tapia, Liendro Marcial y Sergio Marcos Estopiñan fueron acribillados en una vivienda, donde se habían ocultado de la persecución policial. Casabella también calificó de patético el caso del matrimonio Gamboa, secuestrado por un grupo de tareas, quien dejó abandonada en la puerta de una casa vecina a su hija de cinco meses. En los mismo términos se refirió a la desaparición del soldado Víctor Brizzi y la docente Silvia Aramayo. Luego de su extenso alegato, pidió prisión perpetua para Mulhall, Gentil y Guil, como autores mediatos. La misma condena requirió para Ovalle como partícipe necesario de homicidio y privación ilegítima de la libertad.

Pidió la pena máxima para Ovalle

“La cesantía de docentes fue uno de los métodos de persecución ideológica que imperó en la de la Universidad Nacional de Salta”, dijo Tania Kiriaco, la representante de esa casa de estudios y de los familiares de la profesora Silvia Aramayo. Expresó que la docente era una militante peronista de las villas de Salta y por ese motivo el aparato represivo siempre la tuvo en la mira. Refirió que el contacto que tuvo con Ovalle, quien era alumno de Silvia en la UNSa, fue determinante para su trágico final. “Los hechos demostraron que entre ambos había una relación amorosa, que el imputado frecuentaba la casa y por eso la madre de Silvia asegura que lo reconoció por la voz la noche que la secuestraron”, afirmó la letrada. Kiriaco hizo hincapié en el testimonio de excompañeras de Silvia que describieron que Ovalle era un infiltrado y que varias personas sospechaban de él porque sabían que era medio hermano del comisario Abel Murúa, quien en esa época era jefe de Inteligencia de la Policía local. “La mejor prueba de que Ovalle trabajaba para los servicios la dio el exjefe de Policía Virtom Mendía cuando declaró en este juicio que según Murúa los mejores informantes de la UNSa eran los estudiantes”. Tras calificar de sólido el testimonio de la madre de la docente sostuvo que “no se puede exigir estándar riguroso para las pruebas tomando en cuenta el tiempo que pasó”. Culminó su alegato solicitando prisión perpetua para Ovalle como partícipe necesario de la desaparición de Aramayo.

 

 

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