En momentos en los que el caso Ciccone fue pasado a niveles secundarios en el debate mediático, opacado fuertemente por la expropiación de YPF, el juez federal Daniel Rafecas fue apartado ayer de la causa en la que investiga al vicepresidente Amado Boudou en el expediente por la empresa ex Ciccone Calcográfica.
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En momentos en los que el caso Ciccone fue pasado a niveles secundarios en el debate mediático, opacado fuertemente por la expropiación de YPF, el juez federal Daniel Rafecas fue apartado ayer de la causa en la que investiga al vicepresidente Amado Boudou en el expediente por la empresa ex Ciccone Calcográfica.
Los camaristas hicieron lugar a la recusación contra el magistrado planteada por Diego Pirota, abogado de José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou.
El argumento de la presentación, que derivó en la destitución del juez que investigaba al vicepresidente por supuesto tráfico de influencias, es el intercambio por chat con un letrado vinculado al caso y declaraciones periodísticas.
Rafecas había sido recusado por un diálogo vía el sistema de chat “Whatsapp” con un abogado vinculado al caso a quien le habló de cuestiones relativas a la investigación delegada en el fiscal federal Carlos Rívolo.
Sin duda, la estrategia de la defensa fue creativa. La pérdida de imparcialidad fue uno de los puntos clave a través del cual los jueces de la Sala I de la Cámara Federal cedieron al pedido del abogado de Núñez Carmona. La destitución del juez Rafecas en la causa era la crónica de una muerte anunciada. El primer detonante en el camino del descenso para Rafecas fue cuando el juez ordenó el allanamiento de un departamento de Boudou. Cuando la soga comenzó a apretar el cuello al vicepresidente, la contraofensiva fue dura. Luego de un polémico monólogo de Boudou ante la prensa, los abogados de Núñez Carmona revelaron que el juez Rafecas había aconsejado por mensajes de texto a allegados de Boudou. Aquella movida fue definitiva en el futuro del juez en la causa.
Defensa en la Magistratura
Además de la destitución en la causa que involucra al vicepresidente Amado Boudou por supuesto tráfico de influencias, el juez federal Daniel Rafecas deberá ahora defenderse ante el Consejo de la Magistratura a raíz de una denuncia en su contra por parte del representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales.
La causa quedó en manos del senador K y consejero Marcelo Fuentes.
Ordiales, fotografiado en el departamento de Boudou el mismo día del allanamiento, donde se encontraron recibos de espensas pagados por Alejandro Vanderbroele, denunció al juez Rafecas tras reunirse con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, quien reveló los mensajes de texto intercambiados con el magistrado sobre la causa.
Luego, el kirchnerismo impuso su mayoría y logró abrir la investigación.
Sorteado el “consejero informante”, la investigación está en marcha bajo el comando de un senador kirchnerista.
Rafecas tendrá la posibilidad ahora de defenderse por escrito de las acusaciones en su contra.
La UCR pide controles en la Procuración
El jefe de bloque de diputados por la UCR, Ricardo Gil Lavedra, consideró ayer imperioso que el Congreso supervise y controle a la Procuración General de la Nación “hasta que se concrete” la designación de su nuevo titular.
Gil Lavedra presentó una iniciativa para discutir el mecanismo de sustituciones que hoy regula la vacancia producida por la renuncia de Esteban Righi en medio del caso Ciccone que involucra al vicepresidente Amado Boudou.
“Es imperioso que el Congreso supervise y controle a la Procuración General de la Nación hasta que se concrete la designación de un nuevo procurador o procuradora general”, señaló.
Además, el radical exigió el tratamiento de otras iniciativas destinadas a mejorar el control parlamentario sobre el cuerpo de fiscales de la Nación. “Mi preocupación no es nueva y se suma a las iniciativas que ya empujamos para tener un cuerpo de fiscales idóneo y eficaz”, indicó Lavedra.