Luego de varios meses de idas y vueltas, el Ministerio del Interior admitió y subsanó la gruesa contradicción de plazos deslizada en los pasaportes argentinos, tal como lo había demandado la Defensoría del Pueblo de Salta, en octubre de 2011, a través de una acción interpuesta ante el juez federal Miguel Medina.
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Luego de varios meses de idas y vueltas, el Ministerio del Interior admitió y subsanó la gruesa contradicción de plazos deslizada en los pasaportes argentinos, tal como lo había demandado la Defensoría del Pueblo de Salta, en octubre de 2011, a través de una acción interpuesta ante el juez federal Miguel Medina.
El ombudsman capitalino, Alvaro Ulloa, denunció que en la tercera página de los nuevos pasaportes confeccionados por el organismo nacional se indicaba una validez de 10 años, en arreglo al decreto 261/11, mientras que en la cuarta hoja aparecía incorrectamente establecida una vigencia de cinco años, en función del ya derogado decreto 336/92. En la demanda se advirtió que, como agravante, el instrumento legal caduco y el plazo de duración que fue modificado por la normativa vigente aparecían citados en cuatro idiomas en los documentos que, al momento de interponerse la demanda, ya habían gestionado más de 500 mil argentinos.
En razón de ello, y para evitar los perjuicios que la grave contradicción acarrearía a ciudadanos argentinos que viajen o residan en el exterior, se pidió a la Justicia Federal que ordene corregir, sin demora, los contradictorios términos de duración de los pasaportes.
En la acción de amparo se reclamó, asimismo, el inicio de un plan de rescate de los pasaportes que entregó el Registro Nacional de las Personas (Renapre), desde marzo de 2011, con las citas incorrectas.
Ahora, con el cambio de las libretas, el error estaría saneado y el amparo devendría en abstracto, quedando sólo que el juez decida sobre el plan de rescate. Este sería sencillo, ya que se limitaría a la publicación en los diarios, dando cuenta del error en los pasaportes y la necesidad de su cambio, con todos los costos a cargo del Renapre.
No es la primera vez que la Defensoría salteña interviene ante errores del Ministerio del Interior. Antes había denunciado la exclusión de la provincia de Tierra del Fuego y de las Islas Malvinas en los mapas contenidos en los nuevos documentos nacionales de identidad (DNI).