YPF y el Gobierno nacional, enemigos íntimos desde que la presidenta Cristina Fernández asumió su segundo mandato, protagonizaron el jueves un nuevo round en la casa central de la petrolera, cercada por la Casa Rosada desde varios frentes en un año de escasez de dólares.
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YPF y el Gobierno nacional, enemigos íntimos desde que la presidenta Cristina Fernández asumió su segundo mandato, protagonizaron el jueves un nuevo round en la casa central de la petrolera, cercada por la Casa Rosada desde varios frentes en un año de escasez de dólares.
El representante del Estado en la compañía, el secretario Roberto Baratta, concurrió a la Torre Repsol-YPF para participar de la reunión de directorio que era encabezada por el titular de la empresa, Antonio Brufau, quien viajó a la Argentina por segunda vez en 15 días.
Sorpresivamente, Baratta se apareció por Puerto Madero en compañía de tres funcionarios nacionales: el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario Legal del ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens.
La troupe gubernamental pugnó por participar en el cónclave, pero la empresa esgrimió su estatuto, dijo que el único autorizado era Baratta y bloqueó el ingreso al edificio de todos los demás.
Una metodología repetida
El episodio no ha sorprendido a la comunidad empresaria, ya que el Estado ha decidido ejercer su derecho a voto acumulativo en las asambleas de la compañías desde la estatización de los fondos previsionales en el año 2008, y ha nombrado los directores que le corresponden por su peso accionario.
Además, el método del Gobierno de irrumpir en las reuniones de las compañías tiene antecedentes en el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien inauguró este estilo confrontativo en las asambleas de Papel Prensa.
Pero el round del jueves con la petrolera no fue el primero: semanas atrás, el Gobierno la denunció, junto a otros jugadores menos relevantes del mercado, por “vender el gasoil a granel a un precio superior al de los surtidores”.
Luego, le quitó los beneficios de los programas “Refino plus” y “Petróleo plus”, e hizo circular la versión de una reestatización de la compañía, primero, y la amenazó luego con el quite de concesiones de áreas por parte de las provincias.
El trasfondo, la falta de dólares
Las acusaciones de falta de inversión a la petrolera se dan en un año en el que no sobran los dólares en la economía argentina y en que el superávit comercial se ve amenazado por las importaciones, en especial de energía.
El 2011 fue el primer año que el BCRA arrojó balance cambiario negativo desde 2003, un déficit que fue cubierto con reservas internacionales, hoy no disponibles para hacer frente a los compromisos de la deuda.
El Gobierno procura sostener un superávit comercial de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para 2012 y para esto impuso restricciones en el mercado de cambios, tanto para los importadores como para las empresas que procuran girar dividendos al exterior.
Precisamente, YPF -la compañía cotizante que más utilidades giró en los últimos años, operatoria que se suponía estaba avalada por el Gobierno para pagar el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía- reclamó a los funcionarios el acceso al mercado de cambios para importar combustible y abastecer así la demanda. Pero, para la petrolera esta vez no hay dólares; y si no hay dólares, no hay gasoil.
La fantasía de los funcionarios es que Repsol-YPF traiga las divisas del exterior para pagar esas importaciones. En la pulseada, el ministro Julio De Vido le comunicó a los estacioneros que si no hay gasoil importará Enarsa. El cerco perfecto.