La detonación de los vínculos del Gobierno nacional con las provincias y con todos los sectores políticos dispuestos a colaborar que se produjo el martes en el Congreso es de alto riesgo.
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La detonación de los vínculos del Gobierno nacional con las provincias y con todos los sectores políticos dispuestos a colaborar que se produjo el martes en el Congreso es de alto riesgo.
Ayer se cumplieron las amenazas proferidas cuando el presidente Javier Milei ordenó, desde Israel, el hundimiento de la ley ómnibus, tras su fracaso en la Cámara de Diputados.
La eliminación del Fondo Compensador del Transporte Federal suena a modo de castigo a los gobernadores porque la ley no salió como el Gobierno quería, pero ataca directamente a la economía cotidiana de los sectores de menores ingresos, especialmente a los que viven en el interior del país. Es decir, a los que hicieron posible que Milei sea un presidente sin diputados, gobernadores ni intendentes de su partido. Al parecer, el Gobierno no se da cuenta de sus propios límites.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, agota sus esfuerzos y su experiencia, pero siempre termina mal parado y destratado después de cada intento de acordar racionalmente con gobernadores y opositores dialoguistas. El ministro de Economía, Luis Caputo, no hace ningún esfuerzo de entendimiento; toma decisiones sin preocuparse por el tacto político.
Aunque parezca disparatado, las provincias habían tolerado en silencio que en enero las transferencias discrecionales del Tesoro bajaran con respecto al mismo mes de 2023, a valores constantes, de $46.780 millones a 206 millones.
El naufragio de la Ley Ómnibus no se debe a traiciones, sino a la incapacidad del presidente para construir espacios de razonabilidad
Se trata de recursos asociados al Fondo de incentivo docente, la Asistencia financiera a provincias y municipios (ATN) y las transferencias a Cajas provinciales, todos, resultados de acuerdos para emparchar desequilibrios fiscales que afectan a todo el país y evitar así lo que va a pasar ahora: los usuarios de ómnibus sentirán el primer gran cimbronazo del ajuste.
Las consecuencias de estas decisiones compulsivas son imprevisibles. Dejar a 13 provincias, entre ellas Salta, sin un centavo de estos aportes es arbitrario.
El presidencialismo distorsivo se transformó en hipercentralismo. En el caso puntual del transporte urbano, los pasajeros de las provincias ya pagan el doble o más que quienes cuentan con la tarjeta nacional SUBE, los del Área Metropolitana, a quienes seguirán subsidiando. Como todos los presidentes, a Milei parecen haberlo encandilado las "luces del centro".
La peor imprudencia de cualquier persona que pretenda ejercer autoridad es pelearse con todos en la primera entrevista. Mucho más si por "todos" se entiende los legisladores de la amplísima gama opositora, para quienes no se han ahorrado agravios, y a los gobernadores de las provincias en un Estado federal.
El Presidente no puede darse el lujo de jugar con fuego.
Plebiscitar la ley de Bases o el mega DNU podría mostrar que el 56% de los votos de noviembre se ha desvanecido; en todo caso, ninguna de esas normativas se convertiría en ley, simplemente, porque ese tipo de convocatorias carece de legitimidad, ya que en la Argentina en virtud del artículo 22 de la Carta Magna: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución".
El naufragio de la Ley Ómnibus y el similar destino del inmenso DNU no se debe a traiciones ni corruptelas, sino a la incapacidad del Presidente y su gabinete para construir espacios de razonabilidad.
En primer lugar, es incorrecta la relación entablada con las provincias. El Presidente debería comportarse si no como un "primus inter pares", sí como el jefe de Estado en un país federal. Cada gobernador debería ser escuchado para resolver problemas tan delicados como los que contienen estos proyectos. Más allá de las buenas o malas administraciones.
¿Cuántas reuniones compartió Milei con ellos? Suponer que a las provincias les sobra el dinero es un prejuicio que no resolverá ningún problema y agravará los que ya existen.
La Argentina necesita soluciones para problemas gravísimos de dimensión social. Reformas de fondo que deben ser consensuadas antes de llegar al recinto legislativo.
El ajuste, para que dé resultados, debe estar precedido por un pacto fiscal amplio y profundo, que incluya una reforma tributaria y una nueva ley de coparticipación. Estamos en un país invertebrado, con una sociedad descreída, pero nada se resolverá con voluntarismo ni a los ponchazos.
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