Ayer por la mañana se conoció un fallo de la Sala III del Tribunal de Impugnación que consideró que la investigación por la supuesta vacunación irregular en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) deberá pasar a la Justicia Federal.
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Ayer por la mañana se conoció un fallo de la Sala III del Tribunal de Impugnación que consideró que la investigación por la supuesta vacunación irregular en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) deberá pasar a la Justicia Federal.
De esta manera, se ratificó una sentencia anterior para que las actuaciones provinciales pasen al fuero federal.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Provincia insisten en que la causa por la cual se investigan posibles delitos en torno a la vacunación contra el coronavirus de 50 trabajadores del CIF se mantenga en la Justicia ordinaria.
La decisión judicial que se conoció ayer podría volver a ser apelada y, de ser así, pasaría a la Corte de Justicia de Salta.
En la sentencia, el juez Pablo Mariño rechazó la apelación que presentó la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, y la consideró improcedente.
La magistrada del Ministerio Público Provincial había apelado el fallo de la jueza de Garantías de Séptima Nominación, María Edith Rodríguez, quien el 8 de marzo último declaró que la Justicia ordinaria era incompetente en la causa “Villagrán, Pedro Dilmar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” y dispuso que la investigación pasara al ámbito del MPF Federal.
Hasta ahora, la investigación sobre las vacunas que se aplicaron en el CIF siempre estuvo en el ámbito de la Justicia provincial, pese a que en el fuero federal hay una investigación más amplia, que incluye la vacunación a personal estratégico del Estado y a ciudadanos que no estaban dentro del cronograma previsto.
Investigación en disputa
El 25 de febrero iniciaron dos investigaciones paralelas sobre la supuesta vacunación irregular de grupos privilegiados.
En el ámbito provincial, se comenzó a averiguar por las dosis que habrían recibido 50 trabajadores del CIF y en el ámbito federal se inició una averiguación preliminar de oficio sobre la posible irregularidad en la aplicación de las vacunas.
Al día siguiente, la fiscala penal Salinas Odorisio requirió al fiscal federal Ricardo Toranzos que le enviara sus actuaciones ya que consideraba que la competencia para esta investigación era provincial.
Una semana después, el magistrado del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Fiscalía Federal le dijo que consideraba injustificada la remisión de las actuaciones y que no había conflicto de jurisdicción.
Consignó que la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 constituye una “estrategia de salud pública nacional”, financiada con fondos del Ministerio de Salud de la Nación.
Sostuvo que una incorrecta utilización o destino de las vacunas, que podría adecuarse en la figura de defraudación a la administración pública, afectaría, en principio, el erario del Estado nacional.
Consideró que la fiscala debería haber remitido el pedido a un juez para que analice y determine a quien corresponde la competencia y que el pedido era “al menos” apresudrado.
Luego de esto, Salinas Odorisio requirió a la jueza de Garantías Rodríguez que declarara la competencia de la Justicia ordinaria para intervenir en esta causa.
El 8 de marzo último, Rodríguez declaró la incompetencia para seguir interviniendo en esta causa y dispuso remitirlas al ámbito federal.
¿Por qué al ámbito federal?
En sus argumentos, Rodríguez compartió el fundamento de la Procuración General en cuanto “no resulta adecuado ni tampoco ajustado para una recta administración de investigación, el desdoblamiento de dos fiscalías -federal y provincial- por la posible violación a principios de raigambre constitucional, porque en la investigación de todos los sucesos descriptos existe un único designio criminal”.
Sin embargo, consideró que debería actuar la Justicia Federal pues “se encuentra seriamente comprometido el interés nacional con una clara afectación al erario público nacional y la salud pública de toda la población argentina”.
La jueza tuvo en cuenta precedentes de otras provincias y el antecedente en la causa por el denominado paciente 0 de Salta, en el cual la magistrada hizo lugar al pedido de incompetencia del MPF provincial para remitir la investigación al fuero federal.
Luego de conocer este fallo, la fiscala Salinas Odorisio interpuso un recurso de apelación para que el expediente quedara en el fuero local.
Ahora, el juez Pablo Mariño volvió a decir que esta causa debe ser investigada en el ámbito federal.