Los políticos populistas, en su mayoría, se conciben a sí mismos como filántropos justicieros y dadivosos cuya función esencial en caso de alcanzar el poder es la de obtener la mayor cantidad de recursos posible y repartirlos en nombre del “bien común”, de la revolución, o del pueblo.
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Los políticos populistas, en su mayoría, se conciben a sí mismos como filántropos justicieros y dadivosos cuya función esencial en caso de alcanzar el poder es la de obtener la mayor cantidad de recursos posible y repartirlos en nombre del “bien común”, de la revolución, o del pueblo.
Para ello se sirven de dos postulados que justificarían, según su propia filosofía, semejante proceder: el que la mayoría de votos obtenidos los habilita a hacer lo que se les venga en gana y, en segundo lugar, el perenne compromiso que han asumido con la “justicia social” por el hecho de ser políticos (postulados, ambos, en franca colisión con lo que indica la Constitución Nacional).
Los recursos a repartir de algún lado han de salir. Desde ya, que no de los jugosos sueldos que perciben para hacer de Papá Noel.
Vienen de otro lado. Exactamente, del sudor, la sangre y el talento de los pobres ciudadanos que en verdad crean la riqueza para que otros la destruyan o la despilfarren. Me refiero a los sojeros, albañiles, ingenieros, carpinteros, comerciantes, peluqueros, artesanos, cadetes, maestros, médicos, deportistas, entre otros muchos, que prestan servicios o producen bienes que otros necesitan o desean y por el que están dispuestos pagar.
Son ellos, fundamentalmente, los que deberían figurar en las placas de bronce y recibir los aplausos en ocasión de inauguraciones de obras públicas o de entrega de subsidios.
Confiscar y repartir lo ajeno no hace más virtuoso ni mejor político a nadie.
Todo lo contrario. Juan Bautista Alberdi afirma, con razón, que el Estado es el peor ladrón que la propiedad privada reconoce.
Ello porque del ladrón privado uno se puede defender para evitar el robo y la cosa termina ahí. No dejarse robar por el Estado, en cambio (evadiendo impuestos usurarios o sorteando la inflación comprando dólares) puede inducir a que el “ladrón” lo meta preso a uno.
“No hay tal cosa como un almuerzo gratis”, decía el economista Milton Friedman. La medida tomada por el gobierno provincial de Salta de pagar el boleto de transporte colectivo a los jubilados y a los estudiantes puede parecer muy simpática y justiciera pero es todo lo contrario. En la práctica, sin importar si lo necesitan o no, significa que los que no usan el transporte o no han sido beneficiados por la gratuidad financiarán a los que sí. Por ejemplo, un albañil que se desplaza en bicicleta le estará pagando el boleto a un joven de clase alta que usa el servicio para estudiar o para visitar a su novia y, también, al que cobra una buena jubilación.
El flujo de pasajeros aumentará dramáticamente y, con él, el costo del servicio (¿Por qué caminar cinco cuadras si tengo el colectivo gratis?)
Lo racional y ecuánime hubiera sido financiar el boleto a aquellos que verdaderamente lo necesiten. Lo decoroso, además, es que esos recursos se originen en un ahorro en el presupuesto provincial; por ejemplo, en el recorte de los gastos de publicidad o en los sueldos de los legisladores, ministros y funcionarios públicos.
Desde el punto de vista político, económico y social se trata de una pésima medida que se agrega a otra de la misma índole: la subvención nacional al transporte público. Aunque sirva para juntar votos, despilfarrar, gastar en lo que no hace falta y asignar en forma incorrecta los recursos públicos tiene una única y fatal consecuencia: el empobrecimiento de la sociedad. Dicha acción tiene un nombre: se llama demagogia. A no engañarse con espejitos de colores porque, parafraseando a Friedman, “no existe tal cosa como un boleto gratis”.