Los problemas de abastecimiento y comercialización de yerba mate generados a partir de marzo fueron una derivación de las diferencias de criterio dentro del Gobierno nacional para atender los problemas del sector, de acuerdo con la evaluación que realizaron referentes de las áreas productiva e industrial. El interés de la Secretaría de Comercio Interior por llegar a acuerdos de precios con la industria molinera chocó con las gestiones del Ministerio de Agricultura con los productores de la materia prima y dio pie al conflicto en torno de qué sector debería absorber el aumento de costos. Los cortes de ruta realizados por los productores misioneros y el pedido personal del gobernador Maurice Closs llevaron a la Casa Rosada a optar por la solución propuesta por Agricultura, que fijó a partir del 1 de abril un precio de 1,70 peso para la hoja verde pagada a los establecimientos misioneros y correntinos. La medida no contó desde un principio con el aval de los molinos encargados de industrializar la yerba mate, que buscaron trasladar el ajuste al precio final que debían pagar los distribuidores mayoristas y los hipermercados. Para Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, resultaba excesivo autorizar el pago de 20 pesos por un kilo de yerba en las góndolas y, por ello, pese al aumento autorizado para la producción, los supermercados nunca contaron con el aval oficial para cobrar subas en los nuevos precios rotulados por los molinos. El no pago de las nuevas facturas remitidas por los industriales a los supermercados y mayoristas frenó el movimientos de camiones con yerba desde Misiones y Corrientes. Esto rápidamente llevó a los comercios a ofrecer un precio de hasta 40 pesos por un kilo de yerba, al tiempo que comenzaron a verse vacías las góndolas en el sector de infusiones. Estos hechos generaron la queja de la propia presidenta Cristina Fernández, quien llegó a amenazar con la aplicación de la ley de abastecimiento y reclamar al sector industrial que absorbiera “gran parte” del incremento que exhibía la hoja en origen. La posición fijada de la Rosada llevó al ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, a amenazar con el cierre de la exportación, hecho que posibilitó que los molinos optaran -aunque por un breve lapso- normalizar la provisión del producto.
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Los problemas de abastecimiento y comercialización de yerba mate generados a partir de marzo fueron una derivación de las diferencias de criterio dentro del Gobierno nacional para atender los problemas del sector, de acuerdo con la evaluación que realizaron referentes de las áreas productiva e industrial. El interés de la Secretaría de Comercio Interior por llegar a acuerdos de precios con la industria molinera chocó con las gestiones del Ministerio de Agricultura con los productores de la materia prima y dio pie al conflicto en torno de qué sector debería absorber el aumento de costos. Los cortes de ruta realizados por los productores misioneros y el pedido personal del gobernador Maurice Closs llevaron a la Casa Rosada a optar por la solución propuesta por Agricultura, que fijó a partir del 1 de abril un precio de 1,70 peso para la hoja verde pagada a los establecimientos misioneros y correntinos. La medida no contó desde un principio con el aval de los molinos encargados de industrializar la yerba mate, que buscaron trasladar el ajuste al precio final que debían pagar los distribuidores mayoristas y los hipermercados. Para Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, resultaba excesivo autorizar el pago de 20 pesos por un kilo de yerba en las góndolas y, por ello, pese al aumento autorizado para la producción, los supermercados nunca contaron con el aval oficial para cobrar subas en los nuevos precios rotulados por los molinos. El no pago de las nuevas facturas remitidas por los industriales a los supermercados y mayoristas frenó el movimientos de camiones con yerba desde Misiones y Corrientes. Esto rápidamente llevó a los comercios a ofrecer un precio de hasta 40 pesos por un kilo de yerba, al tiempo que comenzaron a verse vacías las góndolas en el sector de infusiones. Estos hechos generaron la queja de la propia presidenta Cristina Fernández, quien llegó a amenazar con la aplicación de la ley de abastecimiento y reclamar al sector industrial que absorbiera “gran parte” del incremento que exhibía la hoja en origen. La posición fijada de la Rosada llevó al ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, a amenazar con el cierre de la exportación, hecho que posibilitó que los molinos optaran -aunque por un breve lapso- normalizar la provisión del producto.