El plegado de Gendarmería Nacional a la protesta que el martes inició Prefectura Naval generó en el país una situación nunca antes vivida con las fuerzas de seguridad. Al reclamo por la liquidación de sus sueldos ahora también se sumó el pedido de una reestructuración del salario básico. Frente a esta crisis de seguridad interna, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fue ayer la voz cantante en la situación. Sin dudar, aseguró que la medida no era responsabilidad del Gobierno y acusó a las jefaturas de las fuerzas de haber aplicado mal el decreto 1307. Nilda Garré, ministra de la Seguridad, escuchó en silencio las acusaciones.
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El plegado de Gendarmería Nacional a la protesta que el martes inició Prefectura Naval generó en el país una situación nunca antes vivida con las fuerzas de seguridad. Al reclamo por la liquidación de sus sueldos ahora también se sumó el pedido de una reestructuración del salario básico. Frente a esta crisis de seguridad interna, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fue ayer la voz cantante en la situación. Sin dudar, aseguró que la medida no era responsabilidad del Gobierno y acusó a las jefaturas de las fuerzas de haber aplicado mal el decreto 1307. Nilda Garré, ministra de la Seguridad, escuchó en silencio las acusaciones.
El decreto 1307 fue una orden del Gobierno nacional que llevó la firma de la presidenta Cristina Fernández y la ministra Nilda Garré. Su publicación en el Boletín Oficial fue en julio y estipulaba una reestructuración de categorías, servicios y salarios. Abal Medina anunció ayer que cobrarán “lo mismo” que el mes anterior. Además, deslizó que podría no haber sido un “problema administrativo” y anunció que investigarán por qué se dieron esas “anomalías”.
Voceros de Prefectura aseguraron que los jefes de la fuerzas apoyaban la protesta y que además reiteraron que cumplieron una orden: la orden de aplicar el decreto 1307 a los salarios.
“La aplicación de Prefectura fue francamente desastrosa. 9985 prefectos cobran lo mismo o más que lo que cobraban antes, pero en 561 casos no sabemos si esto fue un problema administrativo concreto o si se está usando a los de más abajo como carne de maniobra de los que quieren mantener privilegios”, lanzó Abal Medina.
El jefe de los ministros aseguró ayer -cuando el conflicto con las fuerzas estaban en la cúspide- que “por única vez se realizaría un pago compensatorio de los agentes que cobren 12.500 pesos o menos. Hemos resuelto que las fuerzas no se autoliquiden los salarios. De ahora en más, los ministros de Seguridad y de Economía van a pagar los salarios. En el caso de Gendarmería, no habrá ninguna modificación”. La declaraciones de Abal Medina no aportaron una solución al conflicto. Todo lo contrario. Acto seguido los jefes de Gendarmería y Prefectura renunciaron a sus cargos. De los más de 70 años que tiene Gendarmería Nacional nunca los miembros de la fuerzas habrían realizado protestas o reclamos, mucho menos de índole salarial. Hoy, al reclamo por la liquidación de los sueldos se suma la reestructuración salarial. Los miembros de Gendarmería reclaman un salario de $7 mil. Desde la Coalición Cívica ARI le pidieron al Gobierno que reconozca su error, a través de la derogación del decreto 1307.
“Esto no es un golpe militar”
La idea recurrente del Gobierno de que son víctimas de un plan de desestabilización volvió a aparecer ayer. Juan Manuel Abal Medina aseguró: “Sabemos muy bien lo que fue nuestro pasado. No vamos a permitirlo. Este Gobierno va actuar con toda la fuerza de la ley”, advirtió. Un vocero de Prefectura no dudó en responder y salió a aclarar: “El personal que está acá no porta su arma reglamentaria, esto no es un golpe militar”.
Frente a esta acusación oficial el delegado de Gendarmería Diego Jesús Solano leyó un petitorio que será elevado al Gobierno.
Previamente aseguró: “Si me destituyen o me echan, la Presidente es la responsable. Tenemos derecho de pedir por nuestro salario”.