Tras la liberación de Nahuel Morandini y Roque Villegas, acusados por los delitos de supresión de identidad en perjuicio de una menor de edad y violencia psicológica en el contexto de violencia de género, el fiscal de la causa Walter Rondón brindó este mediodía una conferencia de prensa.
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Tras la liberación de Nahuel Morandini y Roque Villegas, acusados por los delitos de supresión de identidad en perjuicio de una menor de edad y violencia psicológica en el contexto de violencia de género, el fiscal de la causa Walter Rondón brindó este mediodía una conferencia de prensa.
En principio, el fiscal inició aclarando que “la causa se inició no por un simple ‘tuiteo’” sino “que se analizó de la exportación de las redes sociales más de lo que se extrajo de los teléfonos de los encartados”, que son agresivas para “una menor en cuanto a su identidad y en cuanto a la honorabilidad e integridad de una mujer”. “Tenemos pruebas suficientes para llevar esta causa a juicio y oportunamente solicitar la condena en caso de que sea la acogida”.
Continuó expresando que el motivo del cese de detención de Nahuel Morandini y Roque Villegas se dio debido a que la próxima semana se realizará la audiencia de control de ampliación, “es decir la finalización de este proceso en la IPP para pasar a la etapa de juicio oral”, previsto para antes del 20 de marzo.
Los acusados tendrán “ciertas restricciones” señaló Rondón, “que son obviamente no continuar cometiendo los hechos que se están analizando y por los cuales se los está acusando, como en todo caso de violencia de género tienen prohibido acercarse a la víctima, prohibición de contacto por las redes sociales o por cualquier otro medio comunicación, llámese la prensa escrita, la televisión y los medios radiales”.
En referencia a la tercera detención que ayer se viralizó en medios nacionales y que pesa sobre Lucía González, Rondón mencionó que es la última dentro de esta causa y que se la acusa del mismo delito.
“Hay una causa en contra de esa persona pero en base a lo que se exporta de las redes sociales y los teléfonos de los encartados. Cuando se la cita, no se presenta, razón por la cual se solicita la orden de detención, que aún está vigente”, dijo Rondón. Sin embargo, el fiscal indicó que luego de comunicarse con el letrado de la acusada se hará “una presentación espontánea y en base a eso vamos a trabajar”.
Sobre la pena que podría caberle a los acusados, el fiscal expresó que debido a las “lesiones psicológicas de la denunciante”, sería de 2 a 8 años.
“Nadie cuestiona la libertad de expresión es un derecho que está consagrado pero no son derechos absolutos porque la libertad de expresión no puede provocar un daño a un señor, atacar la identidad de la niña, la honorabilidad de una mujer ya que hay leyes que lo protegen en convenciones internacionales”, expresó.