El Gobierno provincial destacó su labor desplegada desde 2015 en lo que hace al reconocimiento y ampliación de derechos de los pueblos indígenas, señalando que desde diciembre de ese año no se desalojó a ningún aborigen en Jujuy.
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El Gobierno provincial destacó su labor desplegada desde 2015 en lo que hace al reconocimiento y ampliación de derechos de los pueblos indígenas, señalando que desde diciembre de ese año no se desalojó a ningún aborigen en Jujuy.
Puso de relieve que las políticas instrumentadas, desde entonces, demuestran “el estricto cumplimiento al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; la Constitución Nacional, artículo 75 inciso 17; la Ley 3.302 de Política Indígena y de Apoyo a las Comunidades Aborígenes y la Ley 26.160 que declara la Emergencia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades del país”. Al tiempo de indicar en un comunicado que en Jujuy habitan 11 pueblos originarios y más de 300 comunidades, 274 de ellas con personería jurídica, subrayó que hasta la asunción del gobernador Gerardo Morales “no existía un área de gobierno que exclusivamente trabaje para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y promover la diversidad y la interculturalidad”.
Expresó que por eso se creó primero la Secretaría de Pueblos Indígenas, y en noviembre del año pasado el Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, “siendo el primer y único organismo en el país con rango ministerial en materia de comunidades indígenas”. Además, apuntó que se avanzó en la creación de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Derecho Indígena, acotando que también se llevó a cabo la designación de la Fiscalía de Humahuaca como Fiscalía Especializada en Temas Indígenas y la instauración en el Ministerio Público de la Acusación del “Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las Comunidades Aborígenes”.
Recalcó que en Jujuy el programa nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Reteci) es actualmente ejecutado por el Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, con el fin de continuar implementando acciones en los territorios ancestralmente ocupados por las distintas comunidades para proteger la posesión y propiedad de las tierras comunitarias, promoviendo el dictado de instrumentos jurídicos al respecto. Asimismo, se instruyó a la Dirección Provincial de Inmuebles a tomar conocimiento e inscribir en las matrículas respectivas la posesión y propiedad comunitarias reconocidas mediante instrumento jurídico. Finalmente, resaltó que hay 91 decretos de reconocimiento de la propiedad y posesión de las tierras comunitarias que actual, tradicional y públicamente ocupan las comunidades aborígenes, y que con la Ley provincial 6.351 se ratificó la propiedad comunitaria a 70 comunidades indígenas, una norma adecuada al derecho internacional indígena.