El gobierno francés plantea suspender algunas de las funciones de las redes sociales en caso de que vuelvan a emerger manifestaciones violentas.
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El gobierno francés plantea suspender algunas de las funciones de las redes sociales en caso de que vuelvan a emerger manifestaciones violentas.
Ya el martes pasado, durante una reunión con alcaldes de varias de las localidades afectadas por los disturbios, Macrón deslizó la posbilidad de "regular o cortar" las redes sociales en situaciones extremas como las que se acababan de vivir. "Hay que reflexionar sobre el uso de estas redes entre los más jóvenes, en las familias, en la escuela, sobre las prohibiciones que debemos adoptar", había declarado Macron.
Sus dichos causaron mucho ruido en la escena política tanto por derecha como por izquierda. "¿Cortar el acceso a las redes sociales? ¿Cómo China, Irán, Corea del Norte?", aseguró Olivier Marleix de Lés Republicains; mientras que Mathilde Panot, de Francia Insumisa, se refirió irónicamente a Macron como "Kim jong Un".
Tras la polémica, desde algunos órganos de la presidencia aclararon que no se plantea "cortar las redes sociales en el sentido de un apagón generalizado" y, luego de una reunión del Consejo de Ministros, se realizó una rueda de prensa en la que el vocero de Macron, Olivier Véran, precisó que solo se tratarían de suspender algunas funciones, como la de geolocalización.
Según el vocero, esta función permite a los jóvenes "reunirse en un lugar determinado mostrando escenas de cómo prender fuego" y los convoca a "organizar el odio en el espacio público".
Durante las protestas, ministros franceses enviaron solicitudes a las distitnas plataformas de redes para que cancelaran contenidos ilícitos que habían subido los manifestantes.
Algunos ministros convocaron el viernes pasado a representantes de Tiktok, Snapchat, Twitter y Meta (Facebook e Instagram), para que retiraran los contenidos ilegales y por las que las plataformas respondieron rápidamente.
Desde el gobierno también se les pidió a las empresas ejercer "la máxima vigilancia sobre funcionalidades que pueden ser desviadas para alterar el orden público", explicó a la revista Challenges el ministro delegado de la Transición Digital y de las Telecomunicaciones, Jean-Noël Barrot.