La ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las jurisdicciones con la tasa más alta de aborto: 13 cada 1000 mujeres en edad fértil. En cambio, las tasas más bajas corresponden a Corrientes, Chaco y Misiones, con tres veces menos IVE/ILE durante 2022, según datos del Proyecto mirar, un monitoreo del cumplimiento de la Ley 27.610 que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil y que este lunes presentaron su reporte anual 2022. Los datos reflejan profundas diferencias en el acceso a la interrupción voluntaria, y podría responder --advierten-- a las desigualdades que persisten entre provincias en la provisión de servicios en hospitales y centros de salud públicos.
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La ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las jurisdicciones con la tasa más alta de aborto: 13 cada 1000 mujeres en edad fértil. En cambio, las tasas más bajas corresponden a Corrientes, Chaco y Misiones, con tres veces menos IVE/ILE durante 2022, según datos del Proyecto mirar, un monitoreo del cumplimiento de la Ley 27.610 que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil y que este lunes presentaron su reporte anual 2022. Los datos reflejan profundas diferencias en el acceso a la interrupción voluntaria, y podría responder --advierten-- a las desigualdades que persisten entre provincias en la provisión de servicios en hospitales y centros de salud públicos.
“La tasa que observamos de IVE/ILE es resultado del acceso al subsector público, que obviamente está mediado por cuánto las mujeres, frente a un embarazo no intencional, buscan interrumpirlo, saben que pueden hacerlo, encuentran efectores y finalmente acceden a la práctica. O sea, una parte de lo que te mueve es personal y del contexto y otra es 'entender' que la posibilidad de acceso está. Es cierto que alguien podría argumentar que pueden interrumpir sin ir al sector público pero en Chaco o Corrientes, una proporción importante de usuarias busca atención en el subsector público”, analizó, en diálogo con Página 12, Mariana Romero, médica, investigadora y directora ejecutiva del Centro de Estudios Estado y Sociedad (Cedes), que en alianza con Ibis Reproductive Health realizan el Proyecto mirar.
Este lunes presentaron el “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal”. Los aspectos que destaca de las políticas públicas para garantizar la IVE/ILE son:
* Aumentó al doble la cantidad de los efectores públicos que dan acceso a servicios de aborto en los dos primeros años de implementación de la ley.
* El número de prestaciones en el sector público se incrementó en un tercio entre primer año y segundo. En San Juan, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y Salta el aumento de acceso al aborto fue entre el doble y el triple.
* El fortalecimiento de la producción de misoprostol por laboratorios públicos y de su distribución, y la autorización para vender la mifepristona. Los laboratorios provinciales que están fabricando misoprostol son el LIF de Santa Fe (pasó de 26.388 comprimidos en 2020 a 1.083.600 en 2022), Laboratorios Puntanos, de San Luis, y el Profarse, de Río Negro. La mifepristona, junto al misoprostol, constituye el procedimiento más eficaz para realizar abortos, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por otro lado, el informe advierte sobre las desigualdades que persisten en el escenario federal porque hay provincias que disminuyeron o mantuvieron la cantidad de servicios que realizan abortos. Por ejemplo, Chaco tiene la misma cantidad que en 2020 y es una de las tres provincias --junto con Mendoza y Santiago del Estero-- con la menor tasa de servicios por ILE/IVA cada 1000 mujeres en edad fértil: apenas 0,03, cuando el promedio nacional es 0,16. CABA tiene 0,9 y la provincia de Buenos Aires 0,13. La Pampa con 0,45, Santa Fe, con 0,41, y Neuquén, con 0,39 son las que tienen las tasas más altas de servicios.
Otro aspecto destacable es la cantidad de profesionales de la salud que se siguen capacitando para garantizar el derecho al aborto, tal como establece el artículo 13 de la Ley 27.610. La formación se hace desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva:
* 500 integrantes de equipos de salud completaron el curso virtual “El aborto en la Argentina: herramientas conceptuales y operativas para la implementación plena de laLey 27.610”.
* Cerca de 300 personas de equipos de salud participaron de capacitaciones presencialesen 12 provincias.
* Se hicieron además, 5 capacitaciones virtuales sincrónicas sobre atención posaborto, actualización sobre aborto con medicamentos y estándares legales para la provisión de servicios de IVE ILE.
“Contar con información, analizarla y compartir las conclusiones es fundamental para la incidencia ciudadana en las políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, para que el aborto siga estando en la agenda política”, reflexionó Romero.
Según el Proyecto mirar, no todas las provincias producen informes de gestión para dar cuenta de las acciones y los resultados de la política de acceso al aborto. Este es uno de los aspectos negativos que señala el relevamiento.
“La política siguió priorizando el suministro de insumos, uno de los pilares del acceso al aborto”, señaló Mercedes Krause, socióloga e investigadora. En 2022, el Estado financió la adquisición de misoprostol, se distribuyeron 62.323 tratamientos, y la ANMAT autorizó la producción de la mifepristona”, destacó.
En cuanto a las obras sociales, hay una paulatina adecuación y un mayor grado de cumplimiento de la Ley 27.610. En ese sector se notificaron 4.966 prestaciones en 2022 aunque no se dispone de un mecanismo sistematizado para que reporten todas las prácticas garantizadas.
Desafíos en un escenario clave
A dos años de la sanción de la Ley 27.610, también se observaron señales preocupantes. Por ejemplo, la presencia de cartillas religiosas en algunos servicios de salud, “lo cual plantea interrogantes sobre la imparcialidad y neutralidad que deberían prevalecer en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, advirtió Romero, del Cedes. Además, indicó, se escucharon declaraciones públicas de precandidatos presidenciales como Javier Milei, que abogan por la derogación de la ley, y “generan así incertidumbre respecto al futuro de los avances logrados en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en el país”.
Según el reporte, es fundamental avanzar en la identificación y el abordaje de las barreras regulatorias y estructurales que impiden que la política siga consolidándose. “Necesitamos hacer realidad la obligación de la seguridad social y la medicina prepaga de informar sobre las prestaciones de aborto y modificar la regulación sobre las incumbencias de perfiles profesionales (obstétricas y enfermeras) para ampliar sus competencias y con ello ampliar el acceso y mejorar la calidad de la atención de los abortos”, planteó Silvina Ramos, socióloga e integrante del Proyecto mirar.
Una de las conclusiones del monitoreo es que la política de acceso al aborto generó “prácticas ejemplares” en cuanto al diseño, implementación y evaluación, y a la provisión de servicios de salud. “Estos aprendizajes pueden ser aprovechados en otras políticas sanitarias, contribuyendo así a la mejora continua y al fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto”, señaló Agustina Ramón Michel, abogada e integrante de la iniciativa.
Miles de niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes accedieron al aborto seguro durante 2022, indicó Ramón Michel. Sin embargo, apuntó, “quedan desafíos para que la política de acceso al aborto siga contribuyendo al ejercicio de decisiones libres e informadas sobre la sexualidad y la capacidad reproductiva, más cerca de la vida cotidiana y de los deseos de las personas”.
FUENTE: PÁGINA/12