El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo investigan presuntas irregularidades cometidas en la concesión de 87.555 planes del programa "Potenciar Trabajo" que administra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. Esos planes estatales, que hasta ahora pertenecían a beneficiarios "fantasmas", fueron dados de baja por Tolosa Paz por no haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso a través de una resolución. En ese contexto, en Jujuy se dieron de baja 570 planes, la provincia del NOA con mayor número de bajas y la tercera en el país, sólo superada por Buenos Aires y Santa Fe.
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El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo investigan presuntas irregularidades cometidas en la concesión de 87.555 planes del programa "Potenciar Trabajo" que administra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. Esos planes estatales, que hasta ahora pertenecían a beneficiarios "fantasmas", fueron dados de baja por Tolosa Paz por no haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso a través de una resolución. En ese contexto, en Jujuy se dieron de baja 570 planes, la provincia del NOA con mayor número de bajas y la tercera en el país, sólo superada por Buenos Aires y Santa Fe.
Las provincias de La Pampa y Tierra del Fuego son las que menos bajas de planes sufrieron: 15 y 14, respectivamente.
Según los arquitectos consultados del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el dinero que se evitó derivar de manera presuntamente irregular se podría construir, por ejemplo, unas 300 viviendas mensuales de entre 50 y 78 m2 similares a las que se construyen para el programa "Procrear". Es decir 3.600 casas en un año.
El monto que percibe cada beneficiario del Potenciar por realizar 20 horas de tareas semanales en las Unidades de Gestión es, a valor actualizado, $42.256.
De la documentación oficial a la que accedió Infobae se desprende que Victoria Tolosa Paz dio bajas a beneficiarios del programa "Potenciar Trabajo" en la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En total fueron 6.144 las personas que no pudieron justificar su pertenencia a una Unidad de Gestión. De no haber sido detectada el Gobierno seguiría destinando $259.620.864 mensuales a supuestos beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan. El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución "2022-2035-APN-MDS" a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las Unidades de Gestión que, en palabras de Tolosa Paz, "podría haber demorado años".
Según la página oficial de la cartera social: "Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar la participación de los inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria".
La contraprestación obligatoria para los beneficiarios del programa, que está bajo el área de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, puede ser cualquier actividad de la economía social y popular, enmarcada en proyectos socio-productivos, proyectos socio-laborales o socio-comunitarios y terminalidad educativa.
OBLIGACIÓN | LOS TITULARES DEL PROGRAMA DEBEN CUMPLIR CONTRAPRESTACIÓN.
El ranking de las provincias con mayor cantidad de bajas del "Potenciar Trabajo" lo encabeza Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, con 1.179 bajas; le sigue Santa Fe administrada por Omar Perotti (684); y Jujuy a cargo del opositor Gerardo Morales (570). Luego, se encuentran Tucumán (525) y Chaco, donde las bajas fueron de 454. Le sigue Misiones, con 437 beneficiarios que no pudieron justificar su pertenencia al "Potenciar Trabajo". En Santa Cruz, las bajas fueron 392.
En San Juan las bajas fueron 229. La provincia de Río Negro es la última con una cifra superior a doscientas personas que no validaron su identidad.
El resto, en base a documentación judicial, están por debajo de esa cifra.
PBA, 6% del padrón
Infobae consultó a varios gobernadores sobre las razones de estas bajas. La mayoría no respondió. Otros sí lo hicieron. Desde el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés "Cuervo" Larroque, confirmaron la información aportada por Tolosa Paz a la Justicia. En un extenso informe se asegura: "En la nómina mensual del mes de mayo remitida mensualmente a esta Unidad de Gestión por parte de Ministerio de Desarrollo Social, se comprobó el impacto de las suspensiones que representan el 6% del total del padrón, como resultado de la validación, algunos de los cuales reportan haber realizado la actualización fuera de término que quedaría sujeta evaluación".
Los funcionarios de Larroque consideraron "importante señalar algunas de las dificultades verificadas en el procedimiento de validación de datos", como "la falta de accesibilidad a conectividad digital; dificultad en el manejo de la aplicación Mi Argentina e incompatibilidad de horarios con los puntos digitales establecidos por parte del Ministerio", a cargo de Tolosa Paz.
Sobre ese punto, la ministra de Alberto Fernández afirmó que desplegó a lo largo de la provincia "operativos móviles para titulares del programa Potenciar Trabajo para facilitar la validación de identidad". Y anunció: "Estamos trabajando junto con los estados municipales para seguir estando cerca de los y las titulares del Potenciar Trabajo, ayudando a completar los datos biométricos para validar su identidad, y que nadie tenga dudas de que la persona que forma parte del programa es la que está inscripta".
Caba sin ejecución directa
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, se mostraron sorprendidos por figurar en el listado judicial que la exdiputada nacional aportó a la Justicia Federal. "Nosotros no tenemos ejecución directa de ese programa", le dijeron a Infobae desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore.
Con recelo, y esperando que el expediente avance, desde la cartera porteña dijeron: "Estos planes, como el Potenciar Trabajo, pueden ser ejecutados por Unidades de Gobierno o a través de las organizaciones sociales".
Y afirmaron que "en Caba, el Gobierno de la Ciudad Autónoma no tiene ejecución con lo cual asumimos que hay que investigar a las organizaciones sociales con asiento en la Ciudad, que por lo general son oficialistas".