La fiebre del litio también se instaló en Jujuy y es parte integrante del llamado "Triángulo del litio" en Sudamérica.
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La fiebre del litio también se instaló en Jujuy y es parte integrante del llamado "Triángulo del litio" en Sudamérica.
Esta situación genera la llegada de empresas interesadas en la exploración y explotación del valioso mineral. Primero se instalaron en el Salar Olaroz- Cauchari y alrededores. Ahora, otro sector de la provincia con perspectivas, es la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc. Aquí, se explota sal común y en algunos casos boratos.
Del litio, existen registros de su existencia, se ha perforado solo un pozo en el sector de Guayatayoc con valores interesantes, según informe de la empresa.
El tema central es que las comunidades originarias que viven en las proximidades de la cuenca, incluida un sector de Salta, se oponen terminantemente a la extracción del litio.
Hace algunas semanas, una comunidad autorizó trabajos de exploración en sus tierras, generando descontento en las otras comunidades.
Por ahora, está todo inmovilizado hasta que la Justicia se expida, porque el año pasado las comunidades presentaron un amparo ante la Justicia a nivel nacional.
El reclamo fuerte de las comunidades es la cuestión ambiental y el problema del agua.
Estos reclamos no tendrían bases firmes, especialmente en la explotación del litio, tal vez si hablamos de minas metalíferas, podríamos encontrar situaciones de contaminación ambiental y problemas con la utilización de agua. En 2015 hubo una presentación similar a la actual, en sector de Olaroz-Cauchari sin embargo el fallo no fue favorable a los demandantes.
La diferencia actual es que la Justicia dijo que además de revisar los informes de impacto ambiental y del agua, también se informara sobre las propiedades mineras.
En este caso, las autoridades correspondientes tendrán que explicar algunas cosas, por ejemplo, las propiedades mineras, según corresponda, ¿son otorgadas sobre terrenos particulares, fiscales o de las comunidades originarias? En este caso nos referimos a las tierras con título comunitario porque algunas están en trámite y no disponen de documentación.
Las tierras de las comunidades deben tener un trato preferencial y particular porque existen leyes a nivel nacional e internacional que les otorga esas condiciones.
Hasta ahora, pareciera que con el inicio de la elaboración de los Informes de Impacto Ambiental (IIA) para prospección o exploración comienza el contacto con la comunidad para cumplir con la consulta previa, libre e informada como marca la legislación.
El problema es que iniciarían el trámite de IIA en una propiedad minera que ya fue otorgada previamente, sin consulta a la comunidad originaria.
Si este es el caso, los que otorgaron o vendieron las propiedades mineras estarían en presencia de irregularidades.
Las propiedades mineras que quedan libres por diferentes motivos en el Juzgado Administrativo de Minas, el Estado se las debería ofrecer, en primer lugar, a las comunidades en donde se encuentran las propiedades mineras y si no las quisieran, el interesado debe llegar a un acuerdo con la comunidad.
El acuerdo sería simple, por ejemplo, la comunidad cuando negocia con alguna empresa o particular debe cobrar un monto de dinero similar a la que cobra Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) y además si después de la exploración la empresa continúa con la etapa de explotación, la comunidad debiera ser socio de la empresa con el 8,5% como recibe Jemse.
De todos modos, la Constitución Nacional, el Código Minero y las leyes sobre derechos de las comunidades aborígenes no aportan nada o muy poco respecto a precisiones en la explotación de recursos mineros en tierras con título comunitario.