La Coalición Cívica (CC) denunció al Movimiento Evita por asociación ilícita, por desviar casi $4.000 millones del programa de asistencia social Potenciar Trabajo a sus cooperativas.
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La Coalición Cívica (CC) denunció al Movimiento Evita por asociación ilícita, por desviar casi $4.000 millones del programa de asistencia social Potenciar Trabajo a sus cooperativas.
El partido político que preside Elisa Carrió alega que la banda criminal fue liderada por dirigentes del Movimiento Evita que además son funcionarios.
Los acusan de girar fondos a través de convenios amañados a sus firmas de la economía social con un esquema en el ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos.
Cabe recordar que el dinero del Potenciar Trabajo es administrado por Emilio Pérsico, titular de la Secretaría de Desarrollo Social que depende de la cartera que dirige Victoria Tolosa Paz.
Desde la CC entienden que el presunto desmanejo de los fondos estatales, que terminan en las asociaciones que forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, “no solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido” por este tipo de conductas, se lee en el expediente número 2613/2022.
Entre los presuntos integrantes de la asociación ilícita que saqueó parte del presupuesto del ministerio de Desarrollo Social están, entre otros, Emilio Pésico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, Milagros Moya (también integrante del Evita); y Gildo Onorato, el único que no es funcionario, pero que preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, que es la organización en la que están nucleadas las Unidades de Gestión y asociaciones a las que se trasfirieron los fondos cuestionados.