Recientemente trascendió la noticia que familiares de los ocho jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa estarían buscando nuevos abogados de cara a una posible apelación en la Corte Suprema de la Nación.
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Recientemente trascendió la noticia que familiares de los ocho jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa estarían buscando nuevos abogados de cara a una posible apelación en la Corte Suprema de la Nación.
Tras la resolución de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia del Tribunal de Dolores, los familiares de los rugbiers, disconformes con la estrategia del defensor Hugo Tomei, mantuvieron reuniones con otros abogados. Y en particular, la familia de Blas Cinalli tiene en la mira al abogado penalista Miguel Ángel Pierri, quien según la revista Forbes les habría solicitado "U$S 200 mil para defenderlo de punta a punta”.
En las instancias previas al inicio del juicio, un especialista aseguró a Forbes que: “Si estoy del lado de los imputados, el costo es elevado. Es un juicio perdedor, en extraña jurisdicción, con exposición mediática y riesgo que te condenen mediáticamente por defender a asesinos como estos pibes, tiene un costo elevadísimo. U$S 100 mil es el piso”.
Es importante destacar que los abogados cuentan con una planilla de honorarios promedio ante cada acción que llevan a caso. La misma está establecida en pesos y es de acceso público. “Por ejemplo, según la tabla, solo por las jornadas de defensa serían alrededor de 600 mil pesos. Pero no son montos obligatorios sino mínimos. En un caso así, cualquiera te va a cobrar por encima de eso y tasado en dólares”, explican.
Previo al inicio del juicio y en diálogo con Forbes Argentina, Pierri evitó hablar de cifras, pero reveló que había recibido consultas para ser quien llevará adelante la defensa. “Es un caso de 8 personas imputadas que en el mejor de los casos algunos recibirán perpetua y otras condenas menores. Hay una logística para el equipo de abogados, pero no es nada que un estudio especializado no pueda llevar a cabo. Ir a Dolores no importa tanto porque son dos semanas de juicio oral y luego se define. En nuestro caso, se dispondría de algunos abogados y el resto del estudio seguiría con su trabajo”, afirmó el letrado; quien además, quien maneja casos de alta relevancia en la Argentina como, por ejemplo, las acusaciones contra Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, por estafas.