El oficialismo de la Cámara de Diputados logró ayer aprobar en comisión la resolución para declarar la admisibilidad de la investigación de los pedidos de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.
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El oficialismo de la Cámara de Diputados logró ayer aprobar en comisión la resolución para declarar la admisibilidad de la investigación de los pedidos de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.
Con 16 firmas sobre un total de 31 en la comisión de Juicio Político, el Frente de Todos dio un paso clave y el jueves que viene comenzará la etapa de la producción de la prueba, que incluirá la citación a testigos y de los propios acusados.
En la próxima reunión informativa, de todos modos, no está prevista la presencia de testigos sino que se pasará en limpio la metodología y el cronograma de trabajo.
Juntos por el Cambio presentó una resolución propia de "rechazo in limine" a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte, aunque allí mencionaron únicamente a 12 de los 14 expedientes.
No casualmente dejaron afuera los pedidos de juicio político que la Coalición Cívica impulsa desde el 2017 contra Ricardo Lorenzetti por el manejo discrecional de recursos extrapresupuestarios y concentración de poder cuando era presidente de la Corte Suprema.
Tras la lectura del informe de la presidencia recomendando la apertura del sumario de investigación en base a las semipruebas presentadas en los expedientes, tomó la palabra el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) para fundamentar "el rechazo in limine" a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte. Para el diputado opositor, el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el oficialismo es "una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda" sobre la base de "acusaciones falsas", y afirmó que lo que les molesta es el contenido de las sentencias".
"La avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene entre sus mas patéticos antecedentes el alzamiento que el presidente (Alberto Fernández) y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la cautelar que dictó la Corte por el tema coparticipación y es un acto directamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático", arrancó.
Luego aclaró que esta posición conjunta de Juntos por el Cambio no tiene "ninguna contradicción en relación a nuestra decisión" como Coalición Cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados", en alusión a Lorenzetti, "porque son causas previas, que no tienen que ver con el contenido de sus sentencias".
Según dijo, el juicio político que promueve el Frente de Todos contra la totalidad de los miembros de la Corte representa "una alteración del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial que es un elemento del Estado democrático".
"Si generamos el precedente de destituir a los jueces por el contenido de sus sentencias, ¿por qué no se va a construir en el futuro el precedente de destituir a presidentes o vices por el contenido de sus políticas públicas?", preguntó, y señaló que hay un peligroso antecedente en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff.
El diputado de Juntos por el Cambio opinó que los 12 pedidos de juicio político que impulsa el Frente de Todos "no pasan el test de admisibilidad" y son "una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda". A su turno, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sostuvo que los jueces de la Corte Suprema "no han incurrido en delito o mal desempeño" alguno en los cargos que le imputan en los pedidos de juicio político, y al respecto opinó que el oficialismo le "declaró la guerra a la Constitución".
El cordobés aseguró que están en "presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político".