Los jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos recibirán un bono de 55.000 pesos en enero, según adelantó una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito. Sin embargo, mientras el Poder Ejecutivo espera que el Congreso apruebe el paquete de leyes en donde se incluye modificar la fórmula de actualización previsional, el vocero presidencial Manuel Adorni puso en duda el cobro del bono para febrero.
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Los jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos recibirán un bono de 55.000 pesos en enero, según adelantó una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito. Sin embargo, mientras el Poder Ejecutivo espera que el Congreso apruebe el paquete de leyes en donde se incluye modificar la fórmula de actualización previsional, el vocero presidencial Manuel Adorni puso en duda el cobro del bono para febrero.
El bono de febrero de $55.000, en tanto, quedó sujeto a la aprobación de la Ley ómnibus por parte del Congreso en sesiones extraordinarias, con el objetivo de avanzar en el recorte general del gasto público.
“Con el actual sistema el jubilado pierde mucho más”, dado que el ajuste inflacionario lo perciben con un retraso de 3 meses. En tanto, se están estudiando mecanismos “para que no pierdan poder adquisitivo las jubilaciones”.
En fuentes oficiales se reconoce que “es complejo” definir un nuevo sistema de ajuste, pero señalan que en el mientras tanto evalúan alternativas para que no se acentúe el deterioro de los ingresos de la clase pasiva. Al respecto, una posibilidad podría ser ajustar estos haberes en función de la inflación pasada y en forma mensual, para evitar un mayor deterioro.
Al respecto, fuentes del Ministerio de Economía evalúan que durante los próximos meses la inflación continuará en niveles elevados, dado que se está produciendo un proceso de reacomodamiento de precios relativos. Las últimas estimaciones de las consultoras privadas anticipan que el índice de precios al consumidor registraría en el mes en curso una suba del orden del 25 al 30%.
Un elemento a tener en cuenta, en este sentido, es que a partir de enero comenzará el proceso de recomposición de las tarifas públicas, según adelantan en el Palacio de Hacienda.
No hay plata
En el Ministerio de Economía también sostienen que es firme la decisión del presidente Javier Milei de llegar al déficit cero. Y, desde este punto de vista, el equipo que comanda el titular del área, Luis Caputo, ya adelantó a las provincias que se restringirán al mínimo las transferencias. “Los gobiernos provinciales también van a tener que llevar adelante una política austera”, afirman.
Precisamente, para dar algún auxilio a las cajas del interior, el Poder Ejecutivo prevé enviar un proyecto al Congreso para modificar el impuesto a las Ganancias – un tributo que es coparticipable-. El presidente rechazó la propuesta de algunos gobernadores de coparticipar el impuesto al cheque, pero aceptó dar marcha atrás en la última modificación en Ganancias (que excluyó del tributo a unos 800.000 contribuyentes). Si, como se prevé, se aprueba la modificación, la mejora en los ingresos podría ser equivalente a 0,4% del PIB y las provincias podrían hacerse de cerca de 1,7 billones de pesos.
Por otra parte, en el Palacio de Hacienda se desmiente que el país esté buscando fondos frescos por USD 15.000 millones a ser aportados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como señalaban algunos trascendidos. “Nuestra política es llevar adelante un programa de equilibrio fiscal en serio y no estamos buscando aumentar el endeudamiento”, señalan.
Con todo, en la cartera no descartan que se pueda obtener alguna línea del FMI que sería destinada a la recomposición de las reservas en poder del Banco Central (hoy negativas en más de USD 10.000 millones).
Frente a la carencia de divisas, el gobierno lanzó bonos para hacer frente a las deudas comerciales de los importadores -BOPREAL-. En fuentes oficiales se calcula que el incremento de estos pasivos en los últimos meses fue del orden de los USD 30.000 millones. Este jueves se realizó la primera licitación de estos títulos y se demandaron sólo USD 68 millones sobre un máximo adjudicable de USD 750 millones. Sin embargo, fuentes oficiales atribuyen este resultado a que las empresas recién están estudiando la operatoria, pero señalan que “existe interés por los BOPREAL y esto se va a notar en las próximas licitaciones”.
Fuente: Ámbito Financiero