La Legislatura ratificó el jueves un decreto acuerdo impulsado por el Ejecutivo provincial que prevé un "ajuste para la contención del gasto público y la ejecución de la política salarial", en el marco de medidas de achicamiento de la administración pública local.
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La Legislatura ratificó el jueves un decreto acuerdo impulsado por el Ejecutivo provincial que prevé un "ajuste para la contención del gasto público y la ejecución de la política salarial", en el marco de medidas de achicamiento de la administración pública local.
La disposición fue acompañada por legisladores del Frente Cambia Jujuy, del Partido Justicialista y Primero Jujuy, mientras que los del Frente de Izquierda se opusieron a la propuesta.
Entre los puntos destacados del decreto se dispone "el congelamiento de la planta del personal de la administración pública centralizada, descentralizada, organismos autárquicos, empresas y Sociedades del Estado".
Además, indica que la prestación de horas extras o jornadas extraordinarias "será excepcional y restrictiva", y se reducirán "los cargos de funcionarios públicos y de contratos de servicios para cada unidad de organización".
Más adelante el documento precisa que se "restringe la utilización de pasajes aéreos para todos los funcionarios y agentes del Estado", y "se prohíbe el alquiler de vehículos además de la compra de bienes de capital".
A la lista se suma la suspensión de "las transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comunas del territorio provincial por el plazo de 180 días", prorrogables a partir de enero 2024.
Asimismo, se congela la "pauta publicitaria oficial por el plazo de 180 días, a la vez que se suspende proyectos y licitaciones de obras públicas no adjudicadas por el mismo plazo de tiempo", puntos que tomaron fuerza de ley provincial 6.382.
"Evidentemente encontramos una contención del gasto público que tiene que ir acompañado de la eficiencia. Lo que se pretende es que el Estado optimice sus recursos en una situación de emergencia", explicó el diputado radical Fabián Tejerina.
Con respecto a la obra pública, refirió: "Venimos ejecutando un plan maestro de obras que va a continuar", al tiempo que manifestó respecto a los municipios que "se pretende restringir las transferencias extraordinarias de manera de no afectar los salarios ni los derechos de los trabajadores".
A su vez, la legisladora justicialista Patricia Armella expresó su apoyo a "algunos puntos del decreto acuerdo", aunque planteó su preocupación por el artículo 7, "que suspende las transferencias a los municipios por 180 días, y bien sabemos que financieramente muchas de las localidades no funcionan".
Por su parte del representante del FIT, Gastón Remy, señaló que esta "celeridad para ajustar el gasto público va en sintonía a lo dispuesto por el Gobierno nacional", planteó que se destine "un fondo de emergencia para los sectores más vulnerables que ayude a afrontar los índices de inflación", y también requirió "evitar los despidos" en el Gobierno provincial y en todas las jurisdicciones.
El diputado justicialista, Pedro Belizán, a su turno hizo referencia a que cuando se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2023, "con los sindicatos festejábamos la seguridad de los trabajadores y esperamos que esto no afecte a los empleados de la administración pública".
"Entendemos la necesidad, pero tiene que haber una sana discusión de la garantía laboral y su crecimiento en el escalafón", completó.
Durante la sesión, la diputada de Izquierda, Natalia Morales, denunció que fue víctima de amenazas de muerte tras convocar a los trabajadores a marchar para recordar el "Argentinazo" y manifestarse en contra de las medidas de ajuste del Gobierno nacional
Morales repudió el protocolo impulsado por la ministra Patricia Bullrich, sobre el cual dijo que propone "cárcel o balas", y generó que "otras personas se envalentonen y de hecho recibí un mail con amenazas de muerte".
El repudio tuvo la adhesión de todos los legisladores, por atentar contra una integrante de la Legislatura y la libertad de expresión.
Régimen salarial para la salud
La Legislatura también aprobó un régimen salarial exclusivo para los agentes que integran el sistema público de salud, diferenciado del resto de los agentes dependientes de la Administración Pública Provincial. Ello en razón que durante la pandemia del Covid todo el equipo que integra el mencionado sistema redobló sus esfuerzos y horas de trabajo para poner en funcionamiento aquellas estrategias sanitarias establecidas con el fin de mitigar los efectos adversos del coronavirus. A ese esfuerzo se suma la evidenciada crisis en recursos humanos en salud, lo cual requiere de una atención diferenciada para estos agentes.
El presente régimen será de aplicación a todos los agentes que presten servicios bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia, sean personal de planta permanente, personal reemplazante, continuo o discontinuo, personal interino o personal contratado. Al respecto, el diputado Omar Gutiérrez, del Frente Cambia Jujuy, y presidente de la comisión de Salud Pública, afirmó que esta ley atiende un reclamo de gremios y asociaciones de trabajadores de la salud, y sirve para dar inicio a la reparación de esa deuda que mantiene la sociedad con este sector, que ha demostrado ampliamente su vocación de servicio. El debate también tuvo un momento especial cuando se prestó acuerdo en la continuidad de Miguel Rivas como fiscal de Estado provincial.
Aero Club Jujuy
Durante la segunda sesión extraordinaria, luego de finalizado el período ordinario el 30 de noviembre, se sancionó también la Ley N° 6383, mediante la cual se declaró de utilidad pública un inmueble ubicado en Finca Los Avalos, Departamento El Carmen, a fin de otorgárselo al Aero Club Jujuy, para que la Provincia cuente con un campo para practicar la aeronavegación y un campo complementario al aeropuerto “Dr. Horacio Guzmán” de Ciudad Perico, según manifestó el diputado oficialista Adriano Morone.