Seis de cada diez argentinos actualmente trabaja menos de 8 horas diarias, por lo que reducir la jornada laboral podría generar un aumento de los precios, advirtió un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
El trabajo dice que el debate instalado por el Gobierno "no tiene en cuenta una realidad que marca que dos de cada tres trabajadores realiza tareas por menos de 40 horas semanales, lo que tornaría abstracta la discusión para la mayoría de los asalariados".
IDESA, la consultora que dirige el economista Jorge Colina, señala que en este momento lo prioritario debería ser "ordenar el Estado y las instituciones laborales para crecer con más empleos de calidad".
"La idea de reducir la jornada laboral no es nueva ni propia de la Argentina", dice el estudio al comparar con el caso de la Unión Europea donde se analiza también bajar la jornada laboral, como forma de evitar pagar salarios más altos.
IDESA afirma que la discusión en el Viejo continente "está más centrada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores que en aumentar el empleo".
La discusión planteada en el Congreso parece desconocer los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que observó que en 2023 un 15% de los asalariados trabaja más de 48 horas semanales, un 19% entre 40 y 48 y un 66% menos de 40 horas semanales.
"En la Argentina 2 de cada 3 trabajadores ya lo hacen en jornada reducida", dice el estudio.
IDESA advierte que para achicar el día de trabajo a seis horas la productividad de las empresas debería crecer un 33%, cuestión que de materializarse la iniciativa en tratamiento en el Congreso el mayor costo "se trasladaría a los precios".
"El problema, entonces, no es que hay trabajadores que trabajan mucho y que les quitan empleo a otros, sino que hay una severa escasez de buenos empleos", subraya IDESA, que a su vez precisa que "el principal desafío no pasa por compartir los pocos empleos de calidad que hay, sino por multiplicar los empleadores y las inversiones productivas".
"Dado que se acumulan décadas con niveles de productividad estancados, se puede afirmar que, en las actuales condiciones, reducir la jornada legal tendrá asociado más informalidad y más inflación", concluye el estudio.
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Seis de cada diez argentinos actualmente trabaja menos de 8 horas diarias, por lo que reducir la jornada laboral podría generar un aumento de los precios, advirtió un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
El trabajo dice que el debate instalado por el Gobierno "no tiene en cuenta una realidad que marca que dos de cada tres trabajadores realiza tareas por menos de 40 horas semanales, lo que tornaría abstracta la discusión para la mayoría de los asalariados".
IDESA, la consultora que dirige el economista Jorge Colina, señala que en este momento lo prioritario debería ser "ordenar el Estado y las instituciones laborales para crecer con más empleos de calidad".
"La idea de reducir la jornada laboral no es nueva ni propia de la Argentina", dice el estudio al comparar con el caso de la Unión Europea donde se analiza también bajar la jornada laboral, como forma de evitar pagar salarios más altos.
IDESA afirma que la discusión en el Viejo continente "está más centrada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores que en aumentar el empleo".
La discusión planteada en el Congreso parece desconocer los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que observó que en 2023 un 15% de los asalariados trabaja más de 48 horas semanales, un 19% entre 40 y 48 y un 66% menos de 40 horas semanales.
"En la Argentina 2 de cada 3 trabajadores ya lo hacen en jornada reducida", dice el estudio.
IDESA advierte que para achicar el día de trabajo a seis horas la productividad de las empresas debería crecer un 33%, cuestión que de materializarse la iniciativa en tratamiento en el Congreso el mayor costo "se trasladaría a los precios".
"El problema, entonces, no es que hay trabajadores que trabajan mucho y que les quitan empleo a otros, sino que hay una severa escasez de buenos empleos", subraya IDESA, que a su vez precisa que "el principal desafío no pasa por compartir los pocos empleos de calidad que hay, sino por multiplicar los empleadores y las inversiones productivas".
"Dado que se acumulan décadas con niveles de productividad estancados, se puede afirmar que, en las actuales condiciones, reducir la jornada legal tendrá asociado más informalidad y más inflación", concluye el estudio.