Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a "instituciones de bien público".
"El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados", proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: "Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas", expresó.
En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que "el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía" y que la trama de corrupción por la que acusó es la "mayor de la historia".
Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.
Con relación a Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta.
En tanto, para Julio De Vido (exministro de Planificación Federal), José Francisco López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (extitular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita.
La fiscalía también pidió 6 años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz, y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial.
Solicitaron, además, 4 años para Abel Fatala, entonces subsecretario de Obras Públicas, y 5 años para Raúl Pavesi, otro extitular de la Administración General de Vialidad Provincial.