El jueves 1 de septiembre a la noche, Cristina Fernández de Kirchner tuvo un intento de asesinato cuando llegaba a su casa en Recoleta.
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El jueves 1 de septiembre a la noche, Cristina Fernández de Kirchner tuvo un intento de asesinato cuando llegaba a su casa en Recoleta.
El 6 de diciembre a la tarde, escuchó la condena del Tribunal Oral Federal N° 2 a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Dos hechos que marcaron no sólo a la expresidenta sino a la política nacional por todo lo que conllevan esos hechos.
Por un lado, la violencia que no deja de estar presente en un país donde la inseguridad manda y por otro, la definición de una de las tantas causas que afronta CFK tras el paso de su familia por los gobiernos ejecutivos de Santa Cruz y en la Casa Rosada.
Para el actual gobierno que encabeza Alberto Fernández y para el peronismo en general, la condena constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país y acto de proscripción de la vicepresidenta. Además, todo es producto de lo que califica como una "mafia judicial" que apaña a los sectores opositores.
"A su vez –señala el Gobierno en su página oficial- los escasos avances de la causa por el atentado contra la vicepresidenta, con la inexplicable división de las investigaciones entre autores intelectuales y materiales, y la reticencia para investigar las conexiones políticas, evidencian la falta de legitimidad del Poder Judicial. Al respecto, las pruebas sobre una reunión secreta entre jueces, el poder político y del poder económico en Lago Escondido son parte del mismo problema, como otra muestra de las relaciones espurias entre estos sectores".
En este contexto, los argentinos hemos sido testigos de una pseudocadena nacional de Cristina Fernández de Kirchner tras la condena, desde su despacho, furiosa, golpeando una y otra vez el escritorio con su puño, siendo durísima con los jueces y fiscales y con la oposición que celebraba su condena.
¿Y qué supone este fallo a partir de ahora?
En principio, no supone que Cristina Kirchner entre inmediatamente a la cárcel, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.
Kirchner goza, además, de fueros que impiden que sea arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato, y podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo, lo que podría extender su inmunidad.
La exmandataria fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro (Lázaro Báez), quien también fue condenado, al igual que otros siete exfuncionarios kirchneristas.
Es importante recordar que la exmandataria fue condenada por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que los Kirchner "instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente y tristemente, se hayan desarrollado en el país".
La acusación aseguró que, días antes de asumir la presidencia, en 2003, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fue adjudicada la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz. Según los fiscales, pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, que actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez, que el año pasado fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero, también fue condenado en este juicio, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya está detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
La defensa de Cristina sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
Kirchner también señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
"El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la Nación", observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que juzgar a quien fue el primer jefe de gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: el actual presidente Alberto Fernández, quien solo declaró en la causa como testigo de la defensa y ha sido uno de los más vocales partidarios de su vicepresidenta.
Por otra parte, remarcó que otro Poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones cuando sancionó la Ley de Presupuesto, incluso con algunos votos del macrismo.