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Hoy se cumplen dos años de la Ley 27.610, aprobada por el Senado en una maratónica sesión que se extendió hasta altas horas de la noche con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, en una jornada histórica para el país en la que las calles principales de las ciudades se tiñeron de verde, el color elegido como símbolo de lucha de miles de mujeres durante años.
Hasta aquel 30 de diciembre de 2020, en el país la interrupción del embarazo era legal solo para casos de violación o cuando la salud de la madre estaba en riesgo. Hoy la ley, además de reconocer ese derecho en estos casos, también establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir voluntariamente el proceso hasta las 14 semanas de gestación.
La iniciativa fue presentada varias veces en el Congreso de la Nación para ser debatida, pero durante muchos años fue resistida por los Gobiernos, que no supieron dar el debate por el enorme peso que tenía el tema en la sociedad, con dos posiciones muy marcadas.
Como promesa de campaña en 2019, Alberto Fernández había asegurado que el debate debía atenderse y un año después su Gobierno impulsó el proyecto, que fue debatido a lo largo de un mes en comisiones y del que pudieron participar profesionales, especialistas, funcionarios y actores de la sociedad, con posturas a favor y en contra de la iniciativa.
Entre todos los componentes que puede tener un debate de tal importancia, la comunicación jugó un papel muy importante, y la desinformación también, al punto de llevar posiciones a los extremos, que en muchas ocasiones se volcaron a las calles con hechos de violencia. Por aquellos días las redes sociales también mostraban la importancia del debate, y la palabra #Aborto fue tendencia durante casi todo el mes.
Entre los principales puntos, la ley contempla que toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto, de forma gratuita y segura, hasta la semana 14 de gestación.
También establece la posibilidad de interrumpirlo sin límite de tiempo a las madres cuyo embarazo sea fruto de una violación o para las que corra peligro su vida, las únicas causales que estaban permitidas antes de la ley.
Las menores de 13 años podrán hacerlo con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal, mientras que las que tengan entre 13 y 16 solo necesitarán autorización si el procedimiento compromete su salud y las mayores de 16 podrán decidir por sí solas.
También la ley autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.
Los primeros balances desde su plena vigencia
Desde su entrada en vigencia en enero del año pasado, los equipos de salud trabajan fuertemente para recopilar de manera uniforme y sea útil la información como insumo para diagramar y trabajar en políticas sanitarias. Es por ello que desde la cartera sanitaria indicaron que entre enero y septiembre de este año, se registraron en el país 59.267 interrupciones voluntarias y legales de embarazos (IVE e ILE) en el sistema público de salud, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud de la Nación.
En 2021, se registraron 73.487 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país, de acuerdo con la información pública actualizada al 31 de julio último. Los datos del último año se fueron actualizando: en una edición previa del mismo informe, publicada en marzo donde se dio cuenta de 9.323 casos menos (64.164). La distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual. Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil por provincia, el mayor número de abortos entre enero de 2021 y septiembre de 2022 se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de 21 cada mil mujeres, seguida por Tucumán, donde fue de 17,5. Si se toma en cuenta la cantidad de procedimientos realizados en ese período en números absolutos, la delantera la lleva la provincia de Buenos Aires, con 55.812 IVE. Entre las provincias donde menos abortos se notificaron, se encuentran Chaco y San Juan, con 4,6 y 3,1 cada mil mujeres, respectivamente.
En el caso de la provincia de Jujuy, desde la plena vigencia de la ley, unas 3.383 mujeres accedieron a la Interrupción Legal del Embarazo en el sistema público, y sin bien no tiene la tasa más alta del país, está entre las cinco provincias del interior del país que más IVE practicó. Todavía se registran inequidades entre las distintas provincias en la cantidad de profesionales de salud que realizan la práctica, y en la calidad de la atención.