La Fiscalía de Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva para el gobernador del departamento de Santa Cruz y líder opositor, Fernando Camacho, detenido el miércoles por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el exmandatario Evo Morales, cuestión que podría definirse en una audiencia en lo inmediato.
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La Fiscalía de Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva para el gobernador del departamento de Santa Cruz y líder opositor, Fernando Camacho, detenido el miércoles por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el exmandatario Evo Morales, cuestión que podría definirse en una audiencia en lo inmediato.
El documento con la imputación formal presentada por el fiscal Omar Mejillones ante el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, publicado por la prensa boliviana, advierte sobre un peligro de fuga o la posible obstaculización a las investigaciones.
Camacho "no tiene un domicilio habitual", presenta un "considerable flujo migratorio", con salidas a Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos, Argentina y España, y su eventual liberación constituye "una facilidad para abandonar el país", dice la imputación.
La defensa de Camacho, que tachó de "descabellada" la solicitud e ironizó sobre el "tiempo récord" en el que se realizó todo el procedimiento, presentó un pedido de libertad en jurisdicción de Santa Cruz. "Tiempo récord todo lo que ha operado el Ministerio Público desde el día de ayer para privarle de libertad al gobernador, para traerlo de forma violenta a la ciudad de La Paz. (...) Hay muchos aspectos que nos llaman la atención, que nos preocupan porque evidentemente no estamos viviendo un Estado de Derecho", manifestó el abogado defensor Carlos Ledezma.
Camacho fue detenido en Santa Cruz en el marco de la causa "golpe de Estado I" que lo investiga por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Morales.
Ayer, el líder opositor invocó su derecho al silencio ante la Fiscalía y esperará la audiencia cautelar virtual que establecerá si se defiende en libertad o desde la cárcel. "Al no creer en la Justicia boliviana y con la finalidad de que la declaración no sea distorsionada para buscar incriminar a alguien más, prefiero defenderme por escrito", aseguró Camacho, citado en un comunicado de la Gobernación de Santa Cruz.
Según explicó el Ministerio Público horas después del arresto, Camacho fue aprehendido, en el marco de un "debido proceso", por el caso abierto a denuncia de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. El abogado acusador, Jorge Nina, anunció que también pedirá la detención preventiva de Camacho y recordó que la orden de aprehensión ejecutada el miércoles no es reciente y la defensa estaba al tanto, señaló la agencia boliviana de noticias ABI.
Camacho pasó primero por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto y luego fue llevado a las oficinas policiales de la ciudad de La Paz.
Durante la madrugada, en su perfil de Twitter, el líder opositor escribió el mensaje: "Hoy fui secuestrado por la justicia del MAS. Mi única culpa es haber defendido la democracia y junto a todo un pueblo unido haber frenado el fraude".
El fiscal Mejillones, ante la prensa, aclaró que Camacho no cuenta con inmunidad por su rol de gobernador y que en un principio se evaluó tomarle declaración en la ciudad de Santa Cruz, pero se desistió de esa idea.
"No tiene ningún tipo de inmunidad; son delitos que se están persiguiendo de orden ordinario y el Ministerio Público ya hace dos años está realizando las actuaciones investigativas y se está cumpliendo el procedimiento", manifestó.
Sobre las razones para su traslado, en lugar de tomarle declaración en la capital cruceña, respondió: "Con todo lo que ha sucedido en la ciudad de Santa Cruz, imagínese si le hubiéramos tomado, como estaba previsto inicialmente, la declaración en la ciudad…".
El Comité Cívico pro Santa Cruz prevé reunirse para decidir medidas de defensa de Camacho, que ayer recibió además el respaldo de su antecesor en el cargo, Rubén Costas, para quien la detención "se trata de una afrenta mayúscula a la región, una provocación desmedida, perversa, tiránica y muy propia de (Luis) Lucho Arce".