La comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, fue designada ayer como cabecera para el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
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La comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, fue designada ayer como cabecera para el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Según altas fuentes parlamentarias del oficialismo, además de Legislación General la iniciativa fue girada a las comisiones de Salud, Mujeres y Diversidad y Legislación Penal.
Se trata de los mismos cuerpos legislativos que participaron en la trabajada media sanción de 2018, luego de un extenso debate con audiencias públicas de varios meses, con fuertes movilizaciones en las calles de todo el país.
El debate se desarrollará bajo la modalidad de plenarios de comisiones, y la primera reunión informativa podría desarrollarse en los próximos días, sobre el filo del período de sesiones ordinarias, con la presencia de los ministros de Salud, Ginés González García, de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, autora del proyecto del Poder Ejecutivo presentado en el Congreso el pasado 17 de noviembre.
Así se resolvió en una reunión virtual que encabezó Massa con los presidentes y vicepresidentes de las cuatro comisiones designadas para el tratamiento.
El próximo jueves habrá una segunda reunión con los mismos protagonistas para terminar de pulir el esquema de funcionamiento de los plenarios de comisiones.
La idea es que antes de que la iniciativa se traslade al recinto para su votación, se realicen reuniones informativas con entre 30 y 60 expositores, divididos en cuatro grupos de acuerdo al enfoque de los invitados: científicos, sanitaristas médicos, ético religiosos y juristas, que se irán turnando.
El jueves que viene quedará por resolver la cantidad de expositores que traerá cada sector: según refirieron a esta agencia, el sector autodenominado "pro vida" pretende que sean 60 expositores porque eso dilataría los tiempos del debate.
Sin embargo, la idea que tiene en mente el oficialismo es un esquema de cuatro reuniones informativas en total, dentro del mes de diciembre, en lo que configuraría el escenario más optimista de los que se barajan para los partidarios de la ley.
Lo más probable es que el proyecto de IVE sea incluido en el temario de sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, aunque aún no se descarta una prórroga del período ordinario. .
En la reunión de este jueves hubo un pedido expreso de Massa a las autoridades de las comisiones para pedir que el debate se encarrile dentro de una lógica de moderación y respeto, "evitando todo tipo de adjetivaciones personales y calificaciones peyorativas". También se fijaron parámetros para la discusión del proyecto sobre los ‘Mil Días‘ que brindará un acompañamiento a la maternidad durante el embarazo y los primeros dos años de vida del bebé.
Acordaron denunciar penalmente los escraches
Referentes legislativos de las bancadas de diputados nacionales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio acordaron ayer activar denuncias penales en caso de producirse escraches en domicilios o amenazas en redes sociales o telefónicas contra legisladores por su postura favorable o contraria a la legalización del aborto. Se consensuó este modus operandi en el marco de una reunión por videoconferencia que encabezó el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, junto a presidentes y vicepresidentes de las cuatro comisiones que intervendrán en el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Esta decisión se tomó luego del escrache sufrido por el diputado nacional de la UCR Facundo Suárez Lastra frente a su domicilio en Palermo, con la participación de una veintena de militantes “pro vida” con carteles y bombos. Según señalaron fuentes legislativas, este tipo de acciones intimidatorias afectan “el fuero y la libertad de opinión de los las legisladores”. En el 2018 este tipo de situaciones de escraches o mensajes agresivos y amenazantes en teléfonos y redes sociales de legisladores fueron moneda corriente.