La situación económica no da tregua. Los esfuerzos del Gobierno por enfriar la inflación hasta ahora no han tenido el éxito esperado. Y si bien el recurso de dilatar la aplicación de subas de tarifas, impuestos y tasas genera un alivio momentáneo, todas las miradas se clavan en finales de febrero o marzo, o de julio, los míticos puntos estratégicos elegidos como límites para patear la pelota hacia adelante. Es que todos los argentinos, y los jujeños, saben que todo lo que no pagarán este fin de mes, se acumulará para volver sin piedad, corregido y aumentado, cuando se cumplan los plazos del veranito forzado. Se entienden los esfuerzos del Gobierno por sacarse de encima una crisis inmediata, un menú de quejas y hasta la posibilidad de un estallido social. Pero en algún momento, no se podrá seguir corriendo el arco y para entonces, ojalá aparezcan un plan firme y los primeros resultados de una gestión sostenible en el tiempo. La decisión de obligar a los empresarios privados a pagar un aumento de $ 4.000 a cuenta de futuros arreglos en las paritarias, es una medida que muestra claramente las dos caras de esta moneda de transacciones de urgencia: por un lado, trae un alivio. Con los sueldos de enero, los trabajadores recibirán $ 2.490 que en marzo alcanzarán a ser $ 3.320 (esto descontando de los tres mil y cuatro mil respectivos, los aportes para el sistema de seguridad social). Pero (indefectiblemente aparecen los peros) para marzo, ¿estarán listos, terminados y homologados los resultados de las paritarias? ¿Qué alternativa aparecerá en las próximas horas para aquellas pymes, que en Jujuy especialmente son cientos o miles, que ya anunciaron que no están en condiciones de pagar los aumentos compulsivos? ¿En estos tiempos donde los diferimientos están de moda, se podrán diferir esas obligaciones para evitarles el ahogo final? ¿Será viable la propuesta de Came de regionalizar los aumentos y hacerlos diferenciales según su ubicación y su tamaño? ¿En qué lugar de esa posible escala alternativa quedarían Jujuy y sus pymes? Por esas respuestas ya debe haber iniciado su consideración el flamante ministro de la Producción Exequiel Lello, quizás auxiliado por el flamante encargado del Ministerio de Trabajo y titular del de Gobierno Agustín Perassi.
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La situación económica no da tregua. Los esfuerzos del Gobierno por enfriar la inflación hasta ahora no han tenido el éxito esperado. Y si bien el recurso de dilatar la aplicación de subas de tarifas, impuestos y tasas genera un alivio momentáneo, todas las miradas se clavan en finales de febrero o marzo, o de julio, los míticos puntos estratégicos elegidos como límites para patear la pelota hacia adelante. Es que todos los argentinos, y los jujeños, saben que todo lo que no pagarán este fin de mes, se acumulará para volver sin piedad, corregido y aumentado, cuando se cumplan los plazos del veranito forzado. Se entienden los esfuerzos del Gobierno por sacarse de encima una crisis inmediata, un menú de quejas y hasta la posibilidad de un estallido social. Pero en algún momento, no se podrá seguir corriendo el arco y para entonces, ojalá aparezcan un plan firme y los primeros resultados de una gestión sostenible en el tiempo. La decisión de obligar a los empresarios privados a pagar un aumento de $ 4.000 a cuenta de futuros arreglos en las paritarias, es una medida que muestra claramente las dos caras de esta moneda de transacciones de urgencia: por un lado, trae un alivio. Con los sueldos de enero, los trabajadores recibirán $ 2.490 que en marzo alcanzarán a ser $ 3.320 (esto descontando de los tres mil y cuatro mil respectivos, los aportes para el sistema de seguridad social). Pero (indefectiblemente aparecen los peros) para marzo, ¿estarán listos, terminados y homologados los resultados de las paritarias? ¿Qué alternativa aparecerá en las próximas horas para aquellas pymes, que en Jujuy especialmente son cientos o miles, que ya anunciaron que no están en condiciones de pagar los aumentos compulsivos? ¿En estos tiempos donde los diferimientos están de moda, se podrán diferir esas obligaciones para evitarles el ahogo final? ¿Será viable la propuesta de Came de regionalizar los aumentos y hacerlos diferenciales según su ubicación y su tamaño? ¿En qué lugar de esa posible escala alternativa quedarían Jujuy y sus pymes? Por esas respuestas ya debe haber iniciado su consideración el flamante ministro de la Producción Exequiel Lello, quizás auxiliado por el flamante encargado del Ministerio de Trabajo y titular del de Gobierno Agustín Perassi.
Mientras en otro costado de la realidad, se endureció la exigencia de los gremios estatales que mientras esperan otro decreto nacional que obligue a los Estados nacional, provinciales y municipales a pagar un aumento parecido, redoblan su antiguo y esclerosado reclamo de convocatoria a sentarse en paritarias con su patrón el Estado provincial. La punta la hizo Luis Cabana, de Upcn, mediante carta documento dirigida al gobernador Gerardo Morales, y durante el fin de semana el resto del frente sindical sumó su pedido. Entre bromas de pobre buen gusto un sindicalista les dijo a algunos integrantes de la mesa directiva: "Ustedes también saquen el formulario de siempre (en clara alusión a la carta documento de Cabana), cambien la fecha y vuelvan a mandarlo, total, ya saben el resultado". La temperatura va subiendo y las bases comenzaron a descreer hasta de la voluntad de algunos dirigentes gremiales acerca de la firmeza de los reclamos. En tanto, en las oficinas del ministro de Hacienda Carlos Sadir, otro que no tomará vacaciones, se están viendo en figurillas para juntar los fondos para el sueldo que se viene, para resolver los gastos de funcionamiento del Estado y para mantener viva la cadena de pagos, principalísimo combustible de la vida en Jujuy. Tienen muy en claro que será cada día más difícil y que la sugerencia del presidente Alberto Fernández a los gremios de que "no hagan pedidos desmedidos", es un deseo que se licúa en un suspiro frente a la embestida de las góndolas.
Para todos los asalariados, especialmente para los estatales, sobre todo en Jujuy, queda otro interrogante: ¿Cómo se resolverá el aplastamiento de la pirámide salarial? Porque con incrementos fijos, consigue levantar un punto a los que menos cobran, pero deprime las carreras laborales y administrativas, y genera una inequidad cada vez más odiosa en el conjunto de los trabajadores. Colateralmente, la falta de creación de empleos es un peso agobiante.
No son los únicos problemas de la segunda gestión del GM. El 10 de diciembre, con todo su gabinete feliz por el segundo triunfo y todos renunciados por una actitud sana y lógica tras haber cumplido un ciclo, el GM resolvió dar otra oportunidad a muchos y él al mismo tiempo, se perdió la oportunidad de acometer la famosa oxigenación que hubiese significado su reacercamiento a importantes sectores de la sociedad con los que ha caído en un desgaste evitable e innecesario. Una prueba al canto fue el reciente alejamiento del ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, acorralado por gravísimas denuncias de sus propios empleados por presuntos acosos y abusos. Con los colectivos de mujeres en pie de guerra y los gremios de espaldas a su gestión, sólo el GM venía sosteniendo al ministro contra viento y marea. Finalmente, el sentido común se impuso y el alejamiento -quizás definitivo- del funcionario, (que por una manda constitucional debe ponerse a disposición de la Justicia para alcanzar su vindicación) llegó, demasiado tardíamente. Infidentes del oficialismo aseguran -o desean- que el cargo hoy subrogado por el ministro de Gobierno, no vuelva a cubrirse, y que se avance más, hasta el desmantelamiento de lo que consideran una superestructura costosa e innecesaria, que podría reemplazarse con una Secretaría de Estado, en la órbita del Ministerio de Gobierno. Por otro lado, el GM decidió postergar la aplicación de la grilla de calificación docentes que en vano la ministra Isolda Calsina intentó imponer al sector. Se utilizará la vieja grilla hasta que se pueda generar una nueva realmente consensuada. El gobernador, persuadido por sus funcionarios llegó a decir que "el 95% de los docentes está de acuerdo con la grilla", optimismo que quedó palmariamente destrozado luego de centenares de asambleas docentes. La decisión de abortar fue del GM, y todo el costo que debe pagar también. Desarmó un acampe y huelga de hambre en la puerta del Ministerio de Educación con los que los profesores iban a recibir el año. Una secuela más fue la grieta en el seno del Cedems, donde las gestiones del secretario general Jorge Montero estallaron por los aires en una asamblea que lo desconoció y criticó sus dichos que en las reuniones con el Ministerio, "muchos temas de enfrentamiento se habían mejorado y subsanado". La interna brava de los profesores sigue exigiendo recambios en el Ministerio, aunque algunos dirigentes están convencidos de que reclamar renuncias, es atornillar a los funcionarios en sus sillas y buscan caminos alternativos para persuadir al GM de recomponer relaciones con otras figuras creíbles y confiables.
El año recién comienza. Los cargos nacionales en Jujuy (plataforma del PJ de cara al 2021 y al 2023) todavía tardarán en cubrirse, quizás hasta marzo. Mientras, se espera la anunciada visita del presidente Fernández a Jujuy, que podría ser la bisagra que gire las relaciones Nación/Provincia hacia las ansiadas rutas libres de obstáculos para los jujeños.