Los informes a nivel nacional han dado cuenta que casi un 45 por ciento de las condenas en la provincia son por los delitos de abusos sexuales y la mayoría de los casos tiene como víctimas a personas menores de edad.
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Los informes a nivel nacional han dado cuenta que casi un 45 por ciento de las condenas en la provincia son por los delitos de abusos sexuales y la mayoría de los casos tiene como víctimas a personas menores de edad.
Por un lado puede resultar alentador puesto que Jujuy está en el promedio de la media nacional de lo que significa la calidad de la respuesta a este tipo de fenómenos. Esto significa que los datos si bien no son de los mejores, tampoco son de los peores en comparación con la situación de otras provincias.
Por otro lado lo que es cierto y lo remarca la tarea que va a desarrollar el Cuerpo de Abogados y Abogadas, tiene que mejorarse la rapidez, la calidad y además la continuidad de la respuesta, porque este Cuerpo está diseñado para acompañar a las víctimas y denunciantes a lo largo de todo el proceso, incluso en sus etapas recursivas.
Por ende era importante para ello tener la opinión de distintos actores que tienen que ver con el tema. Por esto también estuvieron presentes en esta mesa lo representantes de Unicef, representantes de distintas provincias y por eso también sectores como Salud, Educación y no solamente Justicia.
Porque la tarea que ellos van a desarrollar tiene que ver con una visión integral de la cuestión de conflicto y desde este punto de vista lo porcentual de penas que marcan los datos estadísticos tiene que precisamente con la efectividad del sistema para procesar este tipo de delitos.
Estos tipos de delitos siempre existieron, en los últimos tiempos fueron creciendo y se empezaron a visibilizar...
A la luz de lo que se ha discutido en estas mesas, y esto es lo enriquecedor con estos tipos de encuentros, que se puede cotejar experiencias con otras jurisdicciones provinciales. Desde luego Caba y Buenos Aires que son universos absolutamente distintos a Jujuy, lo que se logra advertir es que hay una mayor visibilización. Porque al haber tomado conciencia la víctima cada vez más tempranamente que está siendo objeto de un delito, es cuanto más temprano también puede reacciona y además se siente por lo menos en un primera instancia, y ahí entra la preocupación del Cuerpo de Abogados y Abogadas, la preocupación relativa en darle asistencia efectiva a la víctima, porque usualmente se le presta atención a la víctima al momento de la denuncia y quizá en los inicios de la etapa de la investigación, luego la víctima no siente el mismo acompañamiento.
Por eso es que este cuerpo de profesionales ha diseñado un sistema de intervención que va desde el comienzo hasta el final del proceso, acompañamiento que la víctima no está acostumbrada a sentir.
Esto hace que se visibilice por un lado y por otro lado, la víctima tenga cada vez menos temor a requerir la actuación del Estado para la protección de sus derechos.
La sensación es que los fallos de este tipo de delitos de los Tribunales Criminales van a destiempo con los Tribunales de Familia
En el encuentro que participé, este punto llamado revinculación familiar fue específicamente tratado en la mesa sobre abuso sexual infantil, inclusive se sacó a colación algunos casos donde el abusador pretende el reconocimiento de la paternidad del fruto del abuso, o en algún caso se opone a que la víctima haciendo uso de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pueda acudir a ese remedio, invocando su paternidad.
Este punto fue debatido específicamente y las experiencias de las provincias que ya tienen la cuestión debidamente protocolizada y admitida, se enmarca en realidad en lo que dice el Código Civil y Comercial que es la "voluntad procreacional". Esto significa que si la víctima no tuvo esta voluntad, a título de qué el abusador ya declarado en un juicio, va a pretender tener mayores derechos sobre el cuerpo de la víctima, que lo que la misma víctima tiene con su propio cuerpo. Se va a generar el documento que finalmente va a tener en sus manos el Cuerpo de Abogados y Abogadas.
¿Qué tipo de áreas deben intervenir para la protección a las víctimas de estos tipos de delitos?
En la provincia tenemos una serie de recursos puestos por el Estado al servicio de la víctima. Uno de ellos y que ha tenido mucha participación en los juicios penales ha sido el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación. Ha tenido una labor bastante activa en los procesos penales.
Pero no es el único, el Poder Ejecutivo también tiene a su servicio una serie de agencias que tienen que cumplir con estos roles.
Las áreas involucradas deben ser Salud Mental que está cubierto por psicólogos y psiquiatras, el Área de Trabajo Social, porque el trabajador social tiene contacto directo con el terreno donde la víctima se encuentra y donde muchas veces la víctima fue victimizada, sino que fue revictimizada. Si la víctima está escolarizada, el ámbito educativo también tiene que intervenir.
La presencia conjunta de todos estos operadores, siempre en forma coordinada e integrada, por lo menos ayuda a hacer lo que hoy en día se conoce como "contención de daños". Porque el daño inicial ya está hecho, que es el abuso. Ahora lo que hay que evitar es que eso se profundice a través de una revictimización.
A la sociedad le sigue sabiendo a poco el monto de pena que se le aplica a los condenadas por delitos de abusos sexuales, pero en los últimos tiempos se ha celebrado un fallo que condenó a una persona a cumplir 13 años de prisión luego de abusar y embarazar a una niña y la calificaron como una "condena ejemplificadora".
La calidad de "ejemplificadora" a una sentencia en rigor está mal, porque ejemplificar con una persona, es volverlo un instrumento y una persona por más autora o coautora de un delito no puede ser instrumentalizada al servicio de nada, porque una persona es un fin en sí mismo. Las escalas penales están fijadas en la Ley, están en el Códigos Penal, los jueces tenemos dentro de esa escala la posibilidad de lo que se llama dosimetría o mensuración de la pena. No es que los jueces tenemos la plena discrecionalidad para hacerlo, sino que existen dos tipos de factores, objetivos y subjetivos. Lo objetivo tiene que ver con las características del hecho.
A veces la sociedad se ve decepcionada porque tiene la expectativa a otro tipo de pena y de pronto se encuentra con una pena inferior a sus pretensiones.
Quien es soberano para determinar con cuanta intensidad se va a sancionar un delito, es el legislador penal. Que además es soberano pero si llega a infringir la regla constitucional, que es una regla de oro que se llama "principio de proporcionalidad". Quiere decir que si el legislador establece una pena que viola el principio de proporcionalidad, estaría siendo inconstitucional.
En todo caso lo que debería pasar, es que el legislador penal adecue las pautas para la mensuración de la pena en escalas penales que a esta altura podemos llamarlas racionales, es decir que tenga una cierta correlación entre ellos, según lo que se quiera proteger.
Hay aspiraciones mediáticas que lo buscan es imponer un monto de pena, juzgando a personas y lo que se tiene que juzgar son las conductas
Esta es una cuestión que ha sido puesta en manos del Poder Judicial porque lo que se busca es quitarle la posibilidad de venganza a la víctima.
Está bien que me quiten de las manos este conflicto, porque yo no querría justicia, en todo caso estaría pidiendo venganza. La justicia no está para complementar venganza.