Representantes de comunidades indígenas de nuestra provincia participaron ayer, en el anexo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de una asamblea, en la que solicitaron se trate la prórroga de Ley nacional de Orden Público 26.160, que finalizó con la entrega de un petitorio en Casa de Gobierno.
inicia sesión o regístrate.
Representantes de comunidades indígenas de nuestra provincia participaron ayer, en el anexo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de una asamblea, en la que solicitaron se trate la prórroga de Ley nacional de Orden Público 26.160, que finalizó con la entrega de un petitorio en Casa de Gobierno.
Durante el encuentro recordaron que dicha legislación se aprobó en 2006 y se prorrogó en dos oportunidades, primero en 2009 a través de Ley 26.554, y luego en 2013 a través de Ley 26.894. Esta última vence el 23 de noviembre del corriente año.
Al respecto Néstor Jerez, cacique de la Comunidad Aborigen Tilquiza (Pueblo Ocloya), expresó su preocupación por la "falta de interés" de algunos legisladores nacionales que representan a Jujuy.
"Hubo tres sesiones en el Senado en el que se intentó discutir este tema y fue sin fortuna. Por ese motivo exigimos a los senadores y diputados el tratamiento en carácter de urgente de la Ley de Emergencia Territorial, que frena los desalojos de comunidades indígenas, ante la grave situación de vulneración de derechos que atravesamos y que se profundiza en el territorio con desalojos, amenazas, intentos de homicidios, tala indiscriminada, explotación minera a cielo abierto", comentó Jerez.
Explicó que de no tener respuestas está previsto, con los distintos pueblos indígenas del país, una actividad cultural que se llevará a cabo los días 23 y 24 de este mes, frente al Congreso de la Nación.
Al respecto dijo que "estamos convocando a todos los representantes de las distintas comunidades para que se acerquen esos días y puedan firmar un petitorio para que sea entregado el 25 a los distintos legisladores", prosiguió.
"Se nos vulneran los derechos para 350 comunidades y más de 10 pueblos originarios. De no prorrogarse la normativa, existen unas 2.000 comunidades en el país expuestas a los desalojos", detalló.
Para finalizar dijo que las distintas organizaciones sociales, indígenas y políticas también piden por la aparición de Santiago Maldonado.