El Fiscal de Investigación Nº 2, habilitado, Diego Cussel, quien en los primeros días de esta semana imputó a Gastón Javier Baigorria Siufi, el supuesto falso funcionario que intentó sobornar al empresario Rodrigo Insausti, por el delito de "cohecho", lo recibió en su despacho para tomarle declaración indagatoria.
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El Fiscal de Investigación Nº 2, habilitado, Diego Cussel, quien en los primeros días de esta semana imputó a Gastón Javier Baigorria Siufi, el supuesto falso funcionario que intentó sobornar al empresario Rodrigo Insausti, por el delito de "cohecho", lo recibió en su despacho para tomarle declaración indagatoria.
El imputado se presentó en la mañana de ayer en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación, acompañado del abogado defensor Jeremías Vicintini Dicklinson se abstuvo de declarar, haciendo uso de su derecho constitucional, por expresa indicación de su letrado, en virtud de no haber tenido tiempo de tomar conocimiento del expediente, solicitando en el mismo acto una copia y pidiendo una nueva fecha para presentarse a declarar, informaron fuentes judiciales.
Antecedentes de los hechos
Las investigaciones sobre el audio donde un falso funcionario provincial intentó sobornar a un empresario de la construcción de la provincia, se iniciaron como consecuencia de que el mismo a principio de año comenzó a circular en las redes sociales.
Cabe recordar que en el audio Baigorria Siufi, le habría dicho a Rodrigo Insausti que la Fiscalía Anti Corrupción tendría en la mira a los cuatro expedientes de obras contratadas a Inber, situación que no sería real puesto que los expedientes permanecerían en el área de legales del ministerio.
Esto toma de sorpresa al empresario porque en el dialogo sostiene que todas las obras estaban en orden y que incluso algunas el Gobierno la había pagado.
La primera versión que circuló con fuerza era de que Baigorria Siufi se desempeñaba en el área del Ministerio de Infraestructura, aunque posteriormente se supo que Gastón Javier Baigorria Siufi cumplía funciones como asesor en el bloque de la Unión Cívica Radical en la Legislatura de la Provincia.
Doce serian las medidas probatorias que ordenó la justicia, entre ellas, distintos informes a organismos públicos y privados, como bancos, al Ministerio de Infraestructura, a la Tesorería Provincial , estando previsto citar a unos arquitectos para obtener más datos sobre el tema.