La fiscal general de Venezuela, la chavista Luisa Ortega Díaz, profundizó ayer su enfrentamiento con el resto del oficialismo al pedir por escrito al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aclare si en el país "perdió vigencia la democracia participativa y protagónica", y calificar como "un retroceso en materia de derechos humanos" el fallo que autorizó al presidente Nicolás Maduro a convocar a una asamblea constituyente sin que lo avale un referendo.
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La fiscal general de Venezuela, la chavista Luisa Ortega Díaz, profundizó ayer su enfrentamiento con el resto del oficialismo al pedir por escrito al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aclare si en el país "perdió vigencia la democracia participativa y protagónica", y calificar como "un retroceso en materia de derechos humanos" el fallo que autorizó al presidente Nicolás Maduro a convocar a una asamblea constituyente sin que lo avale un referendo.
Ortega informó a los periodistas reunidos a las puertas de la sede del TSJ que introdujo un documento ante la Sala Constitucional del máximo tribunal para que aclare la sentencia divulgada ayer a favor de la iniciativa anunciada por Maduro.
"Hemos solicitado la aclaratoria sobre si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participativa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano", agregó.
Además, Ortega indicó que pidió al TSJ que explique si la soberanía reside de manera intransferible en el pueblo. "Es decir, que la decisión emanada de un poder está por encima del pueblo mismo; queremos que se aclare la diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria, por qué el pueblo tiene menores posibilidades de convocar a un proceso constituyente", señaló.
Maduro anunció a principios de mayo su intención de convocar a una asamblea constituyente "originaria" -que redacte una nueva carta magna y no que reforme la que está vigente-, y los "corredactores" serán elegidos por sectores y municipios, lo que según la oposición constituye una elección indirecta de segundo o tercer grado.
La iniciativa del jefe del Estado fue avalada primero por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y luego por la Sala Constitucional del TSJ.
"Nosotros aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano", subrayó Ortega en relación con el proceso que en 1999, impulsado por el entonces flamante presidente Hugo Chávez, dio origen a la carta magna que rige en la actualidad.
Asimismo, la jefa de los procuradores consideró que la reducción de la participación de la ciudadanía "a una mínima expresión" representa un "retroceso" en materia de derechos humanos.
"He solicitado que aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos; esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos; nuestra Constitución establece la progresividad, y bajo ninguna circunstancia esos derechos pueden ser desmejorados", dijo.
Ortega redobló sus cuestionamientos al gobierno horas después de que el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) gobernante, el capitán Diosdado Cabello, la acusara implícitamente de traidora y dijera que la Fiscalía General de la República está "preparando el enjuiciamiento" de Maduro y otros jefes del chavismo.
"Ay, Luisa, no vayas a decir que fue porque no hablamos nunca; ellos, los opositores, hoy te aplauden y mañana te crucifican; bueno, esa es la vida de los traidores", dijo Cabello el miércoles por la noche.
En el ojo de la tormenta
Ortega está en el centro del debate desde comienzos de abril, cuando cuestionó severamente los fallos con que el TSJ limitó la inmunidad de los diputados y se arrogó la facultad de legislar.
A comienzos de mayo reprobó la iniciativa de llamar a una constituyente porque la vigente es “la Constitución de Chávez” y 20 días después dijo que una nueva carta magna, “lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre, habida cuenta del riesgo y la desconfianza que se produciría”.
Paralelamente, condenó la represión violenta de efectivos militares y policiales a las manifestaciones opositoras. “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”, dijo al diario estadounidense The Wall Street Journal.
Por otra parte, en la jornada de ayer, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, que impida que en esa jurisdicción se levanten barricadas de protesta contra el gobierno central, y le advirtió que si no cumple lo enviará a la cárcel.
Con este pedido ya suman nueve las órdenes dirigidas a alcaldes.
Asesinan a juez en medio de protesta
Un juez del área metropolitana de Caracas fue asesinado el miércoles en el sector El Paraíso de la capital venezolana, luego de que un grupo de personas que se encontraban en una barricada lo interceptaran, le dispararan y lo despojaran de sus pertenencias, informó ayer la Fiscalía.
“El Ministerio Público comisionó a la directora de Delitos Comunes, Marisela Lucena, y a la fiscal 36º nacional, Lucila Hurtado, para investigar la muerte del juez 48º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Nelson Moncada Gómez (37)”, dijo la Fiscalía en un comunicado que fue emitido ayer por la mañana.
La Fiscalía explicó que el suceso ocurrió durante horas de la noche del miércoles, cuando Moncada “transitaba por la avenida Páez de El Paraíso, en Caracas, y fue interceptado por varias personas que se encontraban en una barricada”.
El juez “intentó huir, por lo que le dispararon y lo despojaron de sus pertenencias”, agregó el texto, citado por la prensa caraqueña.
Con la muerte del juez Nelson Moncada asciende a 61 el número de víctimas mortales que han dejado los hechos violentos derivados de las manifestaciones que se registran en todo el territorio venezolano desde hace 62 días.
El Ministerio Público, en conjunto con la policía científica (Cicpc) y el coordinador de Delitos Contra las Personas de la institución, Favio Faoro Moncada, informaron ayer que se encuentran investigando el hecho a fin de “determinar las responsabilidades penales correspondientes”.