El Gobierno autorizó ayer la venta de unos 40 inmuebles del Estado, que incluyen 15.516 hectáreas del Ejército, con el fin de "generar una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional".
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El Gobierno autorizó ayer la venta de unos 40 inmuebles del Estado, que incluyen 15.516 hectáreas del Ejército, con el fin de "generar una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional".
La decisión quedó establecida por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Se trata de 39 terrenos ubicados en dos de los barrios más cotizados de Capital Federal: Puerto Madero y Palermo; y también en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.
Las operaciones de venta estarán a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y, según el texto oficial, las tierras a la venta resultan "antieconómicas mantenerlas con el destino actual".
"Siendo ejemplo de ello los terrenos ocupados por cocheras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto", argumentó el decreto, en referencia al inmueble ubicado en Soldado de la Independencia entre San Benito y José Ortega y Gasset, de esta capital.
El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que los bienes del Estado Nacional "son activos que deben ser administrados de forma integrada con los restantes recursos públicos, los cuales conforme los estándares de uso racional, no pueden mantenerse inactivos o sin un destino útil".
"En esa inteligencia, sumado a los costos asociados a su manutención se adicionan los riesgos latentes de ocupación, pérdida de valor de los mismos, focos de inseguridad, como también el evidente perjuicio urbanístico y social que provoca la conservación de tales activos en estado de subutilización, desocupación o abandono", añadió.
Para el Gobierno, "mantener ociosos o desaprovechados dichos inmuebles implicaría desatender intereses prioritarios del Estado Nacional".
En consecuencia, "es necesario poner a disposición de terceros, a través de procesos de venta, los inmuebles considerados inadecuados para las necesidades de gestión del Estado Nacional, a fin de incentivar la puesta en valor de los mismos con foco en proyectos de desarrollo local y regional, la incorporación del valor social y maximización de su potencial inmobiliario o urbanístico", enfatizó la Casa Rosada.