El Gobierno venezolano trató ayer de conjurar la crisis institucional a partir de la renuncia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a asumir las funciones del Legislativo, pero la medida, celebrada por el presidente Nicolás Maduro, no logró calmar las protestas de la oposición, que mantiene su tesis de que está en marcha un golpe de Estado.
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El Gobierno venezolano trató ayer de conjurar la crisis institucional a partir de la renuncia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a asumir las funciones del Legislativo, pero la medida, celebrada por el presidente Nicolás Maduro, no logró calmar las protestas de la oposición, que mantiene su tesis de que está en marcha un golpe de Estado.
El propio Maduro evaluó ayer que la situación había sido resuelta "exitosamente", a pesar de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró sus denuncias de golpe de Estado y sus militantes marcharon por las calles de Caracas y fueron reprimidos por la Policía militar con gases lacrimógenos.
La jornada había comenzado con un fuerte cambio de rumbo al conflicto impulsado por el presidente Nicolás Maduro, quien desde el Consejo de la Defensa le pidió a las autoridades del TSJ que revisaran el fallo por el cual el jueves pasado declararon disuelta a la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), reclamo al que el Tribunal Supremo accedió.
El acuerdo del Consejo, leído por el vicepresidente, Tareck El Aissami, en cadena nacional exhortó "al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano".
"Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia, que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superada esta controversia", afirmó poco antes Maduro, quien presidió la reunión del Consejo de Defensa de la Nación en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
Maduro había convocado a este Consejo con el objetivo de "resolver" lo que calificó de "impasse" derivado de la posición del Ministerio Público frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuyó las funciones del Parlamento, debido a la situación de "desacato" en la que este se encuentra.
El giro en la estrategia oficial pareció descolocar a la oposición, que, sin embargo, mantuvo su postura crítica. El presidente de la AN, Julio Borges, adujo en este sentido que el "golpe de Estado" del TSJ no se podía "corregir" suprimiendo una sentencia, e hizo un llamado a seguir protestando en la calle.
"El golpe de Estado continúa" más allá de los "trucos" instrumentados por el gobierno de Maduro, afirmó Borges.
En la misma dirección, el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles señaló que con estas "aclaratorias" de la corte "no está resuelto el golpe de Estado", y pidió que estas sentencias sean anuladas.
El expresidente de la AN, el también opositor Henry Ramos Allup, sumó otro foco de conflicto al denunciar que fue víctima de un supuesto intento de "abuso" por parte de las autoridades, luego de ser detenido en un peaje en el céntrico estado Carabobo, alegando que carece de inmunidad parlamentaria.
La Guardia Nacional (policía militarizada) en el peaje Taborda, en la autopista que conecta a Caracas con la central estado de Valencia "trató abusivamente de apresarme y dijo que yo carecía de inmunidad parlamentaria", afirmó Ramos Allup a través de la red social Twitter.
El parlamentario aseguró que logró evadir la detención gracias a un grupo de personas que "enardecida se acercó y evitó el atropello".
Y destacó que desde un taxi sin placas, en el que, según él, iban funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se dio la orden de revisar el vehículo en el que se trasladaba y de su detención.
Maduro, en tanto, intentó mantener la iniciativa política en un acto militar celebrado en la tarde de ayer.