Como se preveía, los conflictos se sucedieron en el ingenio La Esperanza en el 2017, año que se puso como plazo el Gobierno provincial para vender el centenario complejo agroindustrial tras la aprobación en el 2016 de la Ley 5.929 y lograr el saneamiento y la reconversión productiva del mismo, declarado en quiebra en el 2000.
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Como se preveía, los conflictos se sucedieron en el ingenio La Esperanza en el 2017, año que se puso como plazo el Gobierno provincial para vender el centenario complejo agroindustrial tras la aprobación en el 2016 de la Ley 5.929 y lograr el saneamiento y la reconversión productiva del mismo, declarado en quiebra en el 2000.
Y aunque desde hace varios años los incidentes son moneda corriente en ese lugar, en el 2017 se agravaron por la decisión del Gobierno de vender el ingenio para que de una vez por todas se convierta en verdadero polo productivo y de desarrollo del departamento San Pedro y alrededores, de la mano de una importante inversión y una buena administración privada, además de cortar la importante sangría de recursos públicos para su mantenimiento, que ascendía a los 600 millones de pesos, de acuerdo a sus aseveraciones.
Y los "choques" con los trabajadores comenzaron apenas se sancionó la citada ley, y siguieron con las acciones del Gobierno enfocadas en achicar la planta del personal a través de jubilaciones y del traspaso de trabajadores a la administración pública, a fin de hacer más atractivo el ingenio a posibles inversores.
Aunque en un principio había varios interesados en la compra, según funcionarios provinciales, a mediados de año sólo quedó uno, el grupo colombiano Omega Energy International, cuya principal propuesta era la de priorizar la producción de bioetanol con el procesamiento de 800 mil toneladas de maíz, por sobre el azúcar y el alcohol.
A la par de las protestas de los trabajadores por el retraso en el pago de los sueldos, la zafra también abrió grandes interrogantes. Su inicio también se demoró hasta fines de junio y terminó con la producción más baja de azúcar y alcohol de los últimos años, aparte de ser atravesada con una medida de fuerza de los trabajadores que detuvo la producción por diez días.
Esta situación adversa más la decisión del Gobierno nacional de rebajar el precio del bioetanol en un 29%, que luego dio marcha atrás, hicieron crecer la incertidumbre en la venta, además de la demora de Omega Energy de presentar el plan de inversiones exigido y los avales para el mismo.
Finalmente, se llegó a un acuerdo con el grupo colombiano que acordó comprar el ingenio sampedreño en 85 millones de dólares al contado o 100 millones de dólares a cinco años, con un convenio de inversión por cerca de 350 millones de la misma moneda para los próximos años, siempre que la planta de personal no supere las 600 personas. De todas maneras, los inversores señalaron que cuando el proyecto esté en marcha en unos cuatro años, se estima que un Ingenio La Esperanza diversificado en su producción sea la fuente laboral de unos 2.500 trabajadores.
Esta buena noticia para el Gobierno se vio opacada por la negativa de los trabajadores de aceptar más de trescientos traspasos al sector estatal, y en los últimos días por la falta de pago del salario de noviembre y del aguinaldo, cuya protesta produjo serios incidentes el 22 de diciembre, con cerca de sesenta heridos entre manifestantes y policías y una treintena de detenidos que en su mayoría fueron liberados a horas de la Nochebuena.
Al cierre de este anuario muchas son las conjeturas de lo que harán los que deben dejar el Ingenio y sus antiguos compañeros para revertir la postura del Gobierno, que aparece mucho más fortalecida que a principios de año por la venta ya consumada.
Pero también hay expectativas de lo que será la nueva etapa en el complejo agroindustrial, cuyo principal atractivo es la superficie de tierras que ocupa, ya que tiene 9.000 hectáreas de caña, que pueden extenderse a unas 20.000 has, unas 40.000 para la producción forestal, 9 mil para ganadería y más de mil para la producción citrícola.
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