Una presentación realizada por un consulado de un país vecino, se constituyó en la "punta del ovillo" para dejar al descubierto la "crisis carcelaria" que sufren y padecen los Juzgados Federales de la provincia, frente a la falta de cupo en la Unidad Penitenciaria 22, Unidad 8 o Complejo Penitenciario Federal III NOA de General Gemes.
inicia sesión o regístrate.
Una presentación realizada por un consulado de un país vecino, se constituyó en la "punta del ovillo" para dejar al descubierto la "crisis carcelaria" que sufren y padecen los Juzgados Federales de la provincia, frente a la falta de cupo en la Unidad Penitenciaria 22, Unidad 8 o Complejo Penitenciario Federal III NOA de General Gemes.
Justamente fue en esa cárcel donde el juez federal N° 1 de Salta, Julio Bavio ordenó se suspenda la recepción y el ingreso de detenidos de otras provincias o de juzgados no pertenecientes al distrito Jujuy- Salta.
Hoy en la provincia de Jujuy, esperan alojamiento desde hace cuatro a seis meses unos 96 detenidos, que son alojados preventivamente en los Escuadrones 21 "La Quiaca"; 53 "Jujuy" ; 60 "San Pedro de Jujuy" y las Sección de Abra Pampa, Tres Cruces, Chalicán y Libertador General San Martín.
Junto al pedido de prisión domiciliaria o extradición de siete mujeres extranjeras alojadas en La Quiaca, el informe hace hincapié en la necesidad de que se termine con el maltrato, con la trata y las violaciones a los derechos humanos que sufren estas personas detenidas por tráfico y contrabando de estupefacientes.
El estado promueve la lucha contra el narcotráfico que atenta contra la salud pública y que se constituye en un terrible flagelo que ataca especialmente a la gran franja de jóvenes adolescentes, entonces resulta totalmente contradictorio que la Justicia libere a quienes transportan o contrabandean la droga, ya que no solo se trata del secuestro, lo verdaderamente importante es poder castigar a quienes cometen el ilícito y que sea su condena efectiva la que impida que nuevos actores se sumen a la actividad.
Frente a esta presentación, donde el extranjero corre con ventaja, se plantea un problema de desigualdad. Si el extranjero se va, ¿porque el argentino debe pagar una condena mínima de cinco años por transporte de droga? ahí la ley no estaría siendo pareja.
Los imputados extranjeros por tráfico y contrabando supera largamente el 90 por ciento, por lo cual no cuentan con arraigo y muchos menos con un domicilio fijo, que de hecho impide que se le otorgue prisión domiciliaria o se le coloque la pulsera electrónica.
Sin soluciones al problema
El subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ya recibió al igual que el director Nacional del Servicio Penitenciario Federal notas a través de las cuales se le solicitan arbitren medidas urgentes para brindarles alojamientos a los detenidos en esta provincia, en cualquier cárcel federal del país.
Frente a la falta de repuesta, se envió un pedido de construcción de pabellones premoldeados de construcción seca, con los sanitarios correspondientes y que son de rápida habilitación en predios existentes en la jurisdicción. Tampoco hubo novedades en relación a este pedido.
Es de extrema urgencia darle una solución al tema, ya que el aumento de detenidos en la lucha contra el narcotráfico debe ir acompañada correlativamente con el aumento de los lugares de detención.
El director del SPF dispuso que en la Unidad 8 se agreguen en cada pabellón, 8 lugares más pasando de 32 a 40 la capacidad, medida que permite ampliar la capacidad total a 160.
La Cámara Federal de Casación Penal II dispuso que se vuelva al número anterior ya que se viola las condiciones mínimas que deben reunir los establecimientos, donde cada interno debe contar con 7 metros cuadrados y en este caso pasó a menos de 6 metros.
El cuello de botella cada día se achica si no se dan soluciones.
A pesar de no haberse producidos grandes hechos, como motines o fugas masivas, hace una semanas atrás seis presos intentaron fugarse del Escuadrón 60, o el caso de un detenido que mediante el uso de una ganzúa que escondía en la plantilla de la zapatilla estuvo a punto de abrir las esposas cuando era trasladado.
El personal de seguridad como la policía o los gendarmes no están capacitados ni preparados para la atención de personas en calidad de detenidos.
Por causas federales este año, entre los dos juzgados se detuvieron aproximadamente unas trescientas personas.
"Desfederalizar narcomenudeo"
SERGIO LELLO SÁNCHEZ. PEDIDO DE DESFEDERALIZACIÓN DEL NARCOMENUDEO.
"Es indispensable que como política de Estado en todo el país, se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo", afirmó a El Tribuno de Jujuy el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez.
El magistrado agregó que "considero que el marco legal actualmente vigente en materia de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico constituye una base que ha permitido la participación de las provincias, poniendo límite al fenómeno del narcomenudeo que de otro modo queda en situación de impunidad".
Para finalizar el fiscal Lello Sánchez indicó que "a pesar que en Jujuy rige la ley 5.888 su entrada en vigencia requiere de los aportes del gobierno federal para ser puesta en vigencia efectiva ante la creciente demanda de la población para que las fuerzas de seguridad y los fiscales intervengan a los fines de prevenir y sancionar el flagelo que azota a los barrios de la ciudad de Jujuy" agregando que "es necesario de que todas las provincias asuman la desfederalización del narcomenudeo y como nuestra provincia ya esta adherida es necesario que se ponga en vigencia brindando la infraestructura y recursos necesarios".
Tanto las provincia de Córdoba como Salta tienen implementado el narcomenudeo, situación que permite a los Juzgados federales trabajar con mayor comodidad, ya que el narcomenudeo lo atiende la justicia ordinaria.
Cabe destacar que la estructura judicial federal está totalmente colapsada, y cuenta con el mismo plantel, para atender el incremento de los delitos en aproximadamente un 500 por ciento, en los últimos diez años especialmente en lo referente al narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.