El parlamento catalán celebrará el jueves la sesión plenaria en la que se podría proclamar formalmente la independencia de Cataluña, un día antes de que el Senado español dé luz verde a las medidas de excepción propuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para abortar el proceso de secesión.
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El parlamento catalán celebrará el jueves la sesión plenaria en la que se podría proclamar formalmente la independencia de Cataluña, un día antes de que el Senado español dé luz verde a las medidas de excepción propuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para abortar el proceso de secesión.
La sesión parlamentaria fue fijada hoy por la Junta de Portavoces de la cámara catalana a pedido del bloque independentista mayoritario que conforman la coalición Junts pel Sí y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
El sábado pasado Rajoy develó su plan de cesar al gobierno catalán y convocar elecciones en Cataluña en un plazo no mayor al de los seis meses, como parte de las medidas excepcionales que su gobierno llevará esta semana al Senado, al amparo del artículo 155 de la Constitución española, para frenar la secesión de esa región norteña.
Ante las medidas de intervención, inédita en casi 40 años de democracia, la respuesta del presidente catalán, Carles Puigdemont, fue solicitar la celebración de una sesión plenaria en el parlamento catalán para debatir y aprobar la respuesta a lo que calificó como el peor ataque al autogobierno desde la dictadura franquista.
En plena escalada y bloqueo del conflicto secesionista, el movimiento independentista y sus socios de la CUP le reclaman a Puigdemont que levante la "suspensión" de la declaración de independencia que propuso el 10 de octubre pasado, con lo que se prevé que el parlamento catalán, de mayoría independentista tome esa decisión.
"El pueblo de Cataluña a través de sus representantes valorarán la respuesta", aseguró el diputado de Junts pel Sí, Lluis Corominas, quien informó en la conferencia de prensa sobre la fecha del plenario pero se negó a revelar si se producirá la esperada proclamación de la república catalana.
"Creemos que el Estado español ha incurrido en delitos en la redacción de parte de la solicitud para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Vamos a combatir en todas las instancias esta agresión del Estado español", agregó.
El diputado independentista remarcó que el "gobierno del Partido Popular (PP) del presidente Mariano Rajoy está actuando como la derecha más extrema" y está "fomentando el odio" con la complicidad de socialistas y liberales.
En ese sentido, el independentista reclamó al PSC -partido socialista catalán-, que está experimentando una fractura interna por el apoyo de su partido a Rajoy a nivel nacional, que elija de qué lado está.
La vicepresidente del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el Senado está "preparado para adaptarse" a la decisión que pueda tomar el bloque independentista, en referencia a la posibilidad de que Puigdemont convoque elecciones anticipadas o proclamen la independencia antes de la sesión del viernes en la que se aprobarán las medidas de intervención.
El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado y prevé aprobar las medidas con el respaldo del opositor Partido Socialista (Psoe) y de los liberales de Ciudadanos.
La vicepresidenta advirtió en declaraciones a la radio Onda Cero que a partir del lunes próximo, cuando el Boletín Oficial del Estado publique las medidas aprobadas por el 155, el presidente Carles Puigdemont "dejará de serlo", aunque se niegue, porque dejará de "tener firma" y de tener capacidad para tomar decisiones "válidas".
En un comunicado difundido ayer, la CUP pide que el parlamento catalán proclame la independencia cuanto antes y ante las medidas del Ejecutivo central.
Control total de las finanzas
El gobierno español se dispone a asumir el control total de las finanzas catalanas, ya bajo tutela parcial, lo que dejaría sin ningún recurso propio al ejecutivo regional.
El sábado pasado, el ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que quiere hacerse con el control de los ingresos fiscales percibidos directamente por el gobierno catalán.
Dichos ingresos consisten en determinados impuestos (gravámenes al patrimonio, derechos de sucesión) y gastos de matrícula en universidades públicas. Representan alrededor de un 25% de los ingresos del ejecutivo dirigido por Carles Puigdemont.
Si el Senado, donde el partido de Rajoy es mayoritario, aprueba el próximo viernes las medidas solicitadas por el gobierno, la dirección general de impuestos de Cataluña deberá someter todas sus decisiones al ministerio de Hacienda y no al actual número dos de la Generalitat, Oriol Junqueras.
De esta manera, el ejecutivo catalán perderá todo margen de maniobra financiera, dado que Madrid ya puso bajo su control el resto de sus recursos.
A mitad de septiembre, el gobierno español decidió cortocircuitar financieramente al gobierno catalán, a fin de evitar que sus dirigentes desviaran dinero público a tareas de organización del referendo ilegal del 1 de octubre, por ejemplo, la compra de urnas.
De manera ordinaria, el Estado español recauda la mayor parte de los impuestos (salvo en el País Vasco y Navarra, que tienen autonomía fiscal), y luego reparte el dinero entre las distintas regiones. Éstas, a su vez, pagan las nóminas de los funcionarios, los servicios sociales y educativos, etc.
Desde el 15 de septiembre, Madrid ya no deposita ese dinero en las cuentas de la Generalitat, sino que paga directamente las facturas de los servicios públicos esenciales de Cataluña.
El gobierno de Rajoy tomó esta medida drástica después de que los separatistas se negaran a someterse a un control semanal de sus cuentas, que se les había impuesto desde el mes de julio.
Después de aquella medida tomada el mes pasado, los bancos recibieron la orden de controlar estrictamente todos los movimientos de las cuentas y tarjetas bancarias del gobierno catalán.