El gobierno nacional oficializó ayer a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) modificaciones a la Ley de Migraciones con el objetivo de acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos.
La norma reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio", según lo establece el Decreto 70/2017 publicado ayer en el Boletín Oficial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó ayer que el decreto es una iniciativa consensuada con el sector "más importante" de la oposición y busca agilizar la expulsión de delincuentes de otros países.
"Lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior", señaló Garavano, al indicar que en los últimos años "se ha detectado, muy agudamente en este último tiempo, donde realmente se empezó seriamente a estudiar y a combatir el narcotráfico en nuestro país que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal".
Por esto "se sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que se consensuó con el sector más importante de la oposición, para tratar de corregir y achicar esos plazos tan largos", agregó en declaraciones a la radio La Red.
"Teníamos un problema, que se busca corregir con este decreto; hay un dato que es realmente alarmante, que es que en las cárceles federales, de 100 detenidos que se ven involucrados en hechos de narcotráfico, 33 son extranjeros", apuntó Germán Garavano.
Al responder sobre la urgencia en dictar el decreto y evitar que se debata en el Congreso una ley específica, el ministro dijo que ello "tiene que ver con lo que se vivió todo este año, con la evidencia empírica de hechos realmente graves, y en esto se ha consensuado con un sector mayoritario de la oposición de que era importante sacarlo ahora, y que, en todo caso, más adelante habrá una ley más extensa, más profunda".
La norma reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio", según lo establece el Decreto 70/2017 publicado ayer en el Boletín Oficial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó ayer que el decreto es una iniciativa consensuada con el sector "más importante" de la oposición y busca agilizar la expulsión de delincuentes de otros países.
"Lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior", señaló Garavano, al indicar que en los últimos años "se ha detectado, muy agudamente en este último tiempo, donde realmente se empezó seriamente a estudiar y a combatir el narcotráfico en nuestro país que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal".
Por esto "se sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que se consensuó con el sector más importante de la oposición, para tratar de corregir y achicar esos plazos tan largos", agregó en declaraciones a la radio La Red.
"Teníamos un problema, que se busca corregir con este decreto; hay un dato que es realmente alarmante, que es que en las cárceles federales, de 100 detenidos que se ven involucrados en hechos de narcotráfico, 33 son extranjeros", apuntó Germán Garavano.
Al responder sobre la urgencia en dictar el decreto y evitar que se debata en el Congreso una ley específica, el ministro dijo que ello "tiene que ver con lo que se vivió todo este año, con la evidencia empírica de hechos realmente graves, y en esto se ha consensuado con un sector mayoritario de la oposición de que era importante sacarlo ahora, y que, en todo caso, más adelante habrá una ley más extensa, más profunda".
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El gobierno nacional oficializó ayer a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) modificaciones a la Ley de Migraciones con el objetivo de acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos.
La norma reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio", según lo establece el Decreto 70/2017 publicado ayer en el Boletín Oficial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó ayer que el decreto es una iniciativa consensuada con el sector "más importante" de la oposición y busca agilizar la expulsión de delincuentes de otros países.
"Lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior", señaló Garavano, al indicar que en los últimos años "se ha detectado, muy agudamente en este último tiempo, donde realmente se empezó seriamente a estudiar y a combatir el narcotráfico en nuestro país que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal".
Por esto "se sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que se consensuó con el sector más importante de la oposición, para tratar de corregir y achicar esos plazos tan largos", agregó en declaraciones a la radio La Red.
"Teníamos un problema, que se busca corregir con este decreto; hay un dato que es realmente alarmante, que es que en las cárceles federales, de 100 detenidos que se ven involucrados en hechos de narcotráfico, 33 son extranjeros", apuntó Germán Garavano.
Al responder sobre la urgencia en dictar el decreto y evitar que se debata en el Congreso una ley específica, el ministro dijo que ello "tiene que ver con lo que se vivió todo este año, con la evidencia empírica de hechos realmente graves, y en esto se ha consensuado con un sector mayoritario de la oposición de que era importante sacarlo ahora, y que, en todo caso, más adelante habrá una ley más extensa, más profunda".
La norma reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio", según lo establece el Decreto 70/2017 publicado ayer en el Boletín Oficial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó ayer que el decreto es una iniciativa consensuada con el sector "más importante" de la oposición y busca agilizar la expulsión de delincuentes de otros países.
"Lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior", señaló Garavano, al indicar que en los últimos años "se ha detectado, muy agudamente en este último tiempo, donde realmente se empezó seriamente a estudiar y a combatir el narcotráfico en nuestro país que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal".
Por esto "se sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que se consensuó con el sector más importante de la oposición, para tratar de corregir y achicar esos plazos tan largos", agregó en declaraciones a la radio La Red.
"Teníamos un problema, que se busca corregir con este decreto; hay un dato que es realmente alarmante, que es que en las cárceles federales, de 100 detenidos que se ven involucrados en hechos de narcotráfico, 33 son extranjeros", apuntó Germán Garavano.
Al responder sobre la urgencia en dictar el decreto y evitar que se debata en el Congreso una ley específica, el ministro dijo que ello "tiene que ver con lo que se vivió todo este año, con la evidencia empírica de hechos realmente graves, y en esto se ha consensuado con un sector mayoritario de la oposición de que era importante sacarlo ahora, y que, en todo caso, más adelante habrá una ley más extensa, más profunda".